Ante el planteamiento del Gobierno de iniciar el diálogo para un consenso que se traduzca en la elaboración de una nueva propuesta de regulación de las cajas de jubilados, los del Frente Social y Sindical aseguran que el Ejecutivo debe retirar la propuesta presentada ante el Congreso valiéndose de sus aliados de un sector liberal.
Durante una reunión con las asociaciones de jubilados, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, se comprometió a elaborar un nuevo proyecto de ley junto con los sectores afectados. Al mismo tiempo, aseguró que el Gobierno no puede retirar el documento analizado en el Parlamento, ya que este no fue presentado por el Ejecutivo.
Eduardo Ojeda, representante de la Corriente Sindical Clasista, dijo que el Gobierno no quiere retirar el proyecto de ley ya que se busca “de forma solapada” instalar la privatización de las cajas.
“Hay como 2.500.000 trabajadores fuera del sistema e intentar privatizar las cajas, que están en crisis, será catastrófico para el país”, dijo Ojeda a ÚH.
Por otro lado, el sindicalista cuestionó que el Ejecutivo se quiera desligar del proyecto que ellos mismos impulsaron en el Congreso. “Ellos deben de asumir su culpa y retirar este mamotreto”, agregó.
“El Gobierno está jugando con los grupos sindicales y con los jubilados funcionales sin analizar los temas de fondo. Creemos que el camino tomado es equivocado”, refirió.
El representante de la CSC desautorizó a las personas que “negocian” en nombre de los sindicatos y asociaciones en nombre de los trabajadores y jubilados.
MOVILIZACIONES. Ojeda anunció que las fuerzas gremiales se movilizarán el martes 10 de octubre, a las 18.00, frente al Ministerio de Trabajo, en Asunción, para reiterar su rechazo a la propuesta planteada por el Gobierno de Santiago Peña.
La Coordinación de Funcionarios Públicos, el Centro de Jubilados de IPS, la Corriente Sindical Clasista, la Asociación de Suboficiales en Situación de Retiro, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE, la Central Unitaria de Trabajadores, entre otros gremios son los que se oponen a avanzar en las conversaciones mientras no sea retirado el cuestionado proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo.
