Carlos Granada, imputado por acoso sexual y coacción sexual o violación, se presentó este viernes ante el juez penal de Garantías, Julián López, para su imposición de medidas cautelares.
Antes de ingresar a Tribunales, su representante legal, Álvaro Arias, adelantó a los medios que solicitarán medidas sustitutivas a la prisión para el imputado, como una fianza.
Para esto, será ofrecido un inmueble que es propiedad del padre de Granada, el cual está ubicado en la ciudad de Encarnación y cuyo valor asciende a G. 635 millones.
El profesional reiteró que consideran que el Ministerio Público “se excedió" en la calificación del hecho, pero manifestó que todavía se puede modificar la carátula.
Alegó que los fiscales no cuentan con elementos o componentes para tipificar el hecho como coacción sexual o violación y explicó que fue por ello que presentaron el incidente de nulidad en el caso.
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“Tomé con mucha tranquilidad (la isión de la imputación) porque resulta que el 30 de marzo de este año la Corte dictó una acordada donde les señala a los jueces penales de Garantías de qué manera deben itir las distintas imputaciones, pero al leer esta imputación, es una que copia y pega el relato de cada denunciante”, añadió.
Manifestó que la audiencia de imposición de medidas ya se realiza este viernes porque la Fiscalía solicitó que se adelante, argumentando que este último jueves se fijó una audiencia indagatoria y que no había motivo para seguir esperando.
No obstante, el profesional ratificó que la declaración indagatoria es un medio de defensa y no un medio de prueba, por lo que la defensa puede definir si prestarán o no declaración indagatoria.
Finalmente, Arias señaló que en ningún momento su cliente estuvo prófugo y que tampoco se declaró su rebeldía, pero que se presentó en esta jornada debido a que así lo dispuso el juez.
El caso
La Fiscalía sostiene que Carlos Granada, valiéndose de su posición de jerarquía e influencia sobre sus subordinadas en un medio de comunicación, habría llevado a cabo varios actos con fines sexuales en algunos casos y en otros habría hecho actos sexuales concretos contra mujeres.
Las víctimas fueron seis periodistas de canales de televisión del mismo grupo, quienes incluso se vieron obligadas a renunciar ante el acoso que sufrían por parte del imputado, quien actuaba supuestamente con total impunidad a la vista de los directivos.
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La Red de Mujeres Periodistas y Comunicadores del Paraguay manifestó su repudio a las graves y reiteradas denuncias de violencia ejercida hacia las periodistas y resaltó que las denuncias de acoso sexual en dicha empresa no son nuevas.
También se realizaron manifestaciones por parte de las mismas trabajadoras del canal frente a la sede del medio de comunicación, lo que derivó días atrás en despidos contra algunas de ellas.
El caso está a cargo de las agentes fiscales Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Natalia Silva, quienes pidieron la prisión preventiva de Carlos Granada.
