Enrique Riera, ministro del Interior, advirtió que los agentes involucrados en procedimientos irregulares o pedidos de sobornos ya no serán trasladados a otras comisarías. Sostuvo que “hay que premiar a los que hacen bien su trabajo y castigar a los que hacen las cosas mal”.
“No volverá a suceder que los agentes que actúan con irregularidad sean reciclados en otras comisarías”, expresó en o con radio Monumental 1080 AM.
Sin embargo, más temprano el director policial del Alto Paraná, Blas Vera, dispuso el traslado de cuatro efectivos policiales de la Comisaría 23ª de Ciudad del Este, denunciados por extorsión, y otros policías más tendrían el mismo destino.
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Por otro lado, Riera dejó en claro que el objetivo es depurar las filas policiales y que la ciudadanía recupere la confianza en los efectivos policiales. Igualmente, señaló que el presidente de la República, Santiago Peña, le pidió acabar con el esquema de recaudación en las comisarías.
Sobre el punto, señaló que se habla de unas 1.300 comisarías y que cada una debía generar un piso de G. 1 millón.
“Es una leyenda urbana no probada, pero que cada comisaría debía de generar un piso de G. 1 millón. Nunca esto se pudo probar, pero siempre fue un secreto a voces, que hay sectores que recaudaban y que esto dio origen a la industria del traslado de un policía”, explicó el secretario de Estado.
Aprietes policiales
En un segundo caso de procedimiento irregular en Ciudad del Este, estuvieron implicados agentes de la Comisaría 46ª. En esa ocasión, un hombre denunció que agentes policiales de esa delegación plantaron drogas a su hijo y a su novia, que trabajan con la plataforma de viajes Bolt.
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El papá de la víctima relató que su hijo fue llevado hasta la comisaría del barrio San Juan, donde le pidieron G. 1 millón para quedar libre.
Mientras que en la ciudad de Luque, Departamento Central, un joven fue llevado a la fuerza por policías. Esto derivó en la detención e imputación de cinco agentes y la pérdida del cargo del jefe de Investigaciones, Hugo Díaz.
