El citado proyecto de ley tiene por objeto establecer la prohibición del uso de cianuro en todas las actividades mineras dentro del territorio paraguayo, en atención a los riesgos ambientales y sanitarios que su utilización conlleva, y con base en la evidencia empírica y científica derivada del caso de Paso Yobái, Departamento de Guairá.
Entre los datos más contundentes que motivaron esta propuesta normativa se encuentra el Estudio Científico de Evaluación Ambiental llevado a cabo por la Diócesis de Villarrica, la Universidad Católica Campus Guairá y la Universidad Nacional de Asunción. En fecha 23 de mayo de 2024, se tomaron muestras en zonas adyacentes a plantas de procesamiento y piletas de lixiviación. En estas muestras, los niveles de cianuro superaron ampliamente los umbrales internacionales, en algunos casos por más de cuarenta veces el valor máximo permitido.
“La contaminación acumulativa y persistente, con alto potencial de afectación a cultivos, animales, cuerpos de agua superficiales y subterráneos, y eventualmente a la cadena alimentaria humana, representa un riesgo sistémico. La comunidad de Paso Yobái ha reportado impactos directos en su salud, sus medios de vida y su derecho a vivir en un ambiente sano”, menciona el proyecto. Entre los firmantes se encuentran los senadores Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Éver Villalba, Rubén Velázquez, Celeste Amarilla, entre otros.
El documento menciona que la minería con cianuro no solo representa un riesgo ambiental inaceptable, sino que compromete el futuro productivo de la región, afecta el modo de vida tradicional yerbatero y genera tensiones sociales insostenibles entre mineros y pequeños productores agrícolas.
“En condiciones como las de Paso Yobái –caracterizadas por minería artesanal, informal y sin tecnologías de contención eficaces– no existen mecanismos seguros de control que permitan un uso responsable del cianuro. En ese contexto, permitir su utilización significaría no solo una violación al deber de protección ambiental del Estado, sino también un retroceso inisible en términos de derechos adquiridos y de garantías ambientales mínimas”, alega el proyecto de ley.
Agrega además que la acción estatal en este campo no solo es un deber ambiental, sino también una oportunidad para democratizar la tecnología y dignificar el trabajo minero en zonas históricamente marginadas.
“Este proyecto de ley se propone como una herramienta normativa concreta, preventiva y orientada a la protección de la vida”, añade.
