El procurador Marco Aureliano González espera que la deuda que Paraguay tiene con la petrolera venezolana (PDVSA), de unos USD 320 millones por compras de combustibles en el 2009, se resuelva por la vía diplomática.
En noviembre del año pasado, Paraguay y Venezuela anunciaron que restablecieron sus relaciones diplomáticas, tras cuatro años de ruptura por decisión del gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez.
“La deuda con PDVSA fue por un contrato de provisión de combustible, donde hubo contraprestación, y Paraguay fue pagando, un 75%", indicó.
Desde allí, había un remanente que, desde la posición paraguaya, fenece recién en el 2025, pero PDVSA reclama que esos intereses ya empezaban a correr mucho antes, detalló en o con radio Monumental 1080 AM.
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“Ahora que se retomaron las relaciones entre Paraguay y Venezuela, esperamos resolver por esa vía (diplomática). Entendemos que no corren intereses, pero ellos dicen que hay intereses acumulados de más de USD 200 millones”, especificó.
Caso contrario, adelantó que el Estado paraguayo tendrá que recurrir a la continuación del arbitraje, que actualmente está suspendido. “Nosotros estamos creyendo que puede darse una solución por la vía diplomática”, insistió.
El caso se halla en el ámbito del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París.
Paraguay fue el único país de la región que rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, “como una señal de coherencia con la postura en favor de la democracia y el respeto a los derechos humanos”, según la Cancillería paraguaya, en el 2019.
¿Cómo sigue el caso de las tierras de Remansito?
En otro momento, fue consultado sobre las novedades sobre las ocupaciones vips en la zona denominada Jardines de Remansito.
Sobre el punto, especificó que todo sigue el proceso y que algunos ocupantes no contestaron la demanda, pero otros presentaron recursos de apelación e incidentes.
Sin embargo, alegó que solo es “cuestión de tiempo” para que todo el trámite culmine con el reconocimiento del derecho que tiene el Ministerio de Defensa sobre esas tierras.
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La zona en conflicto es ocupada por empresarios, jueces y conocidos políticos.
En octubre del 2023, la senadora de Cruzada Nacional Yolanda Paredes denunció lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
