La presencia de la fiscala General de Estado, Sandra Quiñónez y el diplomático estadounidense Brian Skaret en el juicio oral y público de Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chávez no pasó desapercibida. La funcionaria señaló que su presencia fue para apoyar a los agentes fiscales.
Quiñónez realizó un video a través del cual explicó que siempre apoya a los fiscales del Ministerio Público independientemente a la unidad y a los casos. Destacó la importancia del juicio teniendo en cuenta que existe una afectación de los bienes del Estado.
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La Fiscalía pidió este jueves 10 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves en el marco del juicio oral por los hechos punibles de enriquecimiento, declaración falsa y lavado de dinero.
Sin embargo, la máxima representante del Ministerio Público no se refirió a la presencia del agregado de Justicia de Estados Unidos Brian Skaret, quien también estuvo presente escuchando la lectura de los alegatos finales en torno a la causa.
La presencia del asesor legal del Departamento de Justicia llamó la atención y fue motivo de críticas en cuanto a la ingerencia que significa el acompañamiento del diplomático en un caso que tiene que ver con corrupción pública.
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Varios s cuestionaron el significado que se puede interpretar la presencia del extranjero entre ellos la intención de ejercer control en el trabajo del Ministerio Público, mientras que para otros se trata de un intromisión de los asuntos internos del país.
Los fiscales del caso pidieron 10 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves . Además, requirieron el comiso especial de más G. 55.000 millones y otras penas complementarias.
Mediante pesquisas que abarcan desde el 2008 al 2018, la Fiscalía sostiene que el ex senador colorado y su hijo, incurrieron en los hechos punibles enriquecimiento Ilícito, lavado de dinero y declaración falsa y que entre ambos habrían adquirido ilícitamente más de G. 55.000 millones que no pudieron ser justificados, ni fueron declarados.
