La relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, en o con radio Monumental 1080 AM, expresó su preocupación y sostuvo que la ley antionegés no busca la transparencia.
“Las discusiones en el Congreso y que los otros legisladores han hecho dan cuenta de que la ley no se está tomando para la búsqueda de la transparencia, sino que es como una guerra contra las organizaciones sociales y contra las oenegés”, cuestionó.
🔴 Relatora de ONU recomendará el veto del ley de control a ONG
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 10, 2024
👉🏼 Gina Romero es relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea. Aclaró que el proyecto de ley que se sancionó desde el Congreso sobre el control de las oenegés, incluye sanciones muy… pic.twitter.com/zXTAn6Z2qx
Romero dijo que la normativa está fuera de los estándares internacionales.
“Yo me adhiero a la posición de la defensa y protección de los derechos humanos y, en ese sentido, a la defensa y protección a la libertad de asociación”, puntualizó y adelantó que enviará una carta al presidente Santiago Peña pidiendo que detenga la cuestionada ley.
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A su criterio, se debe hacer un ejercicio más amplio, plural, diverso y con discusiones de las asociaciones que podrían verse afectadas, para que se pueda pensar colectivamente los temas de transparencia.
“No es verdad que la sociedad civil y las organizaciones sin fines de lucro no quieran transparencia, eso no es cierto. Lo que se necesita es llegar de forma conjunta a un acuerdo sobre cuáles son las normas que deben regular esa transparencia, para que pueda ser tomada de forma técnica y no con intereses políticos”, enfatizó.
El Grupo Impulsor de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) también solicita al presidente Santiago Peña el veto total de la “ley garrote”, sancionada en el Congreso por una mayoría cartista.
Los representantes sostienen que está en riesgo no solo la democracia, sino también el tan anhelado grado de inversión.
“Ataca directamente las bases constitucionales de nuestro país; recordemos que nuestro país está constituido como una democracia participativa y pluralista”, dijo el secretario Ejecutivo de Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Dante Leguizamón, en NPY.
Con 31 votos de cartistas, disidentes y aliados, en la sesión ordinaria de la Cámara del Senado, se logró la sanción de la cuestionada normativa que ahora pasó al Ejecutivo, donde queda en manos de Peña promulgar o vetar la iniciativa cartista.
El documento que se aprobó fue la versión de Diputados que trajo consigo “las boludeces que pidió Santi”, cambios introducidos a la iniciativa original.
