La Junta Municipal de San Lorenzo comunicó a través de su cuenta de Facebook el viernes último que el presidente del cuerpo legislativo, Osvaldo Gómez (PLRA), puso a disposición las resoluciones solicitadas por el ciudadano y periodista Daniel Vargas Téllez.
El miércoles de la semana pasada se le intimó al titular de la Junta a la presentación de los documentos en un plazo de 72 horas.
Vargas Téllez manifestó a Última Hora que 31 resoluciones fueron presentadas a la Oficina de a la Información Pública tras el requerimiento judicial, relacionadas a medidas adoptadas por la pandemia, una denuncia de concejales, el nombramiento de un asesor, el contrato con una empresa y fraccionamientos de terrenos.
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Estos documentos no habían sido entregados en la respuesta a la solicitud 31204 que hizo el ciudadano a la Municipalidad de San Lorenzo el 4 de junio pasado, de copias de las resoluciones de la Junta Municipal de diciembre de 2019 a junio de este año.
Según su versión, faltaron varias copias bajo el argumento de que dichas resoluciones eran de interés particular. “El presidente de la Junta se basó en una ley orgánica municipal, pero la Ley de a la Información Pública explica que no hay información secreta en una Municipalidad”, refirió Téllez.
Resoluciones “privadas”
“Entre las informaciones que él creyó que es particular, reservado o secreto está, por ejemplo, por la cual se adoptan medidas preventivas tendientes a evitar la propagación y contagio de la pandemia mundial del Covid-19. Supuestamente, eso es privado”, citó.
Seguidamente detalló que en la misma tanda estaba la Resolución 104/2020 por la cual se confirma a Richard Cáceres como asesor económico de la Junta Municipal para este año. “Le estamos pagando a esta persona con plata pública y sin embargo también alegan que es privado”, sostuvo.
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Señaló que otras resoluciones llamativas fueron la 141 y 143, con las que se dispone la presentación de documentos respaldatorios de una denuncia hecha por cuatro concejales sobre la istración del intendente Alcibiades Quiñónez y la contratación abierta de la empresa Girasol con rubros del Fonacide, respectivamente.
El resto de las copias corresponden a fraccionamientos de terrenos, que según Vargas no dejan de ser importantes, ya que se trata de permisos con los que se pueden tener calles, “que son públicas, al igual que plazas y edificios públicos”.
Insistió en que estos temas tampoco pueden ser considerados de carácter particular por la Comuna.
Intimación
El abogado Gustavo Velázquez presentó la intimación el miércoles de la semana pasada en representación de Daniel Vargas Téllez, con base en la Constitución Nacional que en su artículo 28 garantiza el derecho a la información, y la Ley 5282/2014 de Libre Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.
Vargas, ahora director de un medio sanlorenzano, dijo que si en esta ocasión no era respondido iba a recurrir a otras vías legales, así como lo hizo en 2007, cuando presentó un pedido de informe sobre funcionarios a la Municipalidad de San Lorenzo y ante negativas recurrió a la Corte, que tardó cinco años en responder.
Aquel fallo abrió una puerta para la posteridad, y fue el puntapié que permitió a la ciudadanía conocer las nóminas de funcionarios del Estado.
