La Secretaría Nacional de istración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) remató inmuebles comisados de Ramón Mario González Daher y de su hijo, Fernando González Karjallo, condenados por usura y lavado de dinero, así como por otras causas.
La propiedad ubicada en el distrito de San Roque, del Departamento de Paraguarí, se vendió por G. 625 millones, mientras que dos inmuebles de Saltos del Guairá, en Canindeyú, se colocaron por G. 766,5 millones y G. 345 millones, respectivamente. En todos los casos se trata de patios baldíos.
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Estas ventas realizadas el último jueves suman en total G. 1.736.500.000, que representan unos USD 223.500. Teniendo en cuenta los bienes subastados anteriormente, la totalidad no llega ni a USD 500.000, que está muy lejos de los USD 47 millones que dicta la sentencia por todos los bienes comisados, incluyendo USD 6 millones en cuentas bancarias y USD 15 millones en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA).
Problemas para istrar bienes
El director de Asesoría Jurídica de Senabico, Gonzalo García, explicó a Última Hora que existe un problema inusual con los demás inmuebles, que se trata de una traba que la institución no tuvo en otros casos emblemáticos como el de Reinaldo Cucho Cabaña y Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
Aunque se comisaron 144 bienes en el marco de la investigación al clan familiar, hasta el momento fueron entregados a Senabico 53, pero extrañamente no le otorgaron la istración, solo de algunos terrenos baldíos de poco valor en comparación de valiosas edificaciones, entre ellas las que están ubicadas sobre la avenida Molas López.
García explicó que la jueza Sandra Kirchhofer se niega a intervenir para la efectiva ejecución de la istración de los inmuebles.
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Funcionarios de Senabico llegaron hasta las propiedades, pero se encontraron con inquilinos que se negaron a salir y defendieron el contrato que tienen con González Daher; pero, además, afirmaron que le siguen transfiriendo al condenado el importe del arriendo.
Para García, esta situación representa un daño patrimonial, pero lo más grave es que una persona sentenciada a prisión sigue lucrando con estos bienes comisados.
“Lo que nos preocupa a nosotros es que se está generando un lucro, porque ya son bienes del Estado paraguayo y se le está causando un perjuicio patrimonial al Estado”, manifestó.
En uno de los casos se trata de una funeraria ubicada en el barrio Mburicaó, de Asunción, donde los vecinos se quejan constantemente. La propiedad estaba siendo ocupada por Katherine Lorena Rodríguez, quien presentó un contrato de alquiler firmado por Fernando González Karjallo.
Senabico tampoco puede hacer posesión de un edificio de tres pisos que se encuentra en Villa Morra.
Los funcionarios no pueden ingresar a estos inmuebles ocupados sin orden judicial, mientras que la jueza Kirchhofer se limitó a recomendar iniciar un juicio civil, que tardaría entre 5 y 10 años, además de los costos que representa para el Estado.
Aunque la institución puede vender las propiedades ocupadas, el director jurídico aclaró que se ofrecerían “problemas”, esto quiere decir, a un precio muy inferior que el valor del mercado, en tanto que el desafío siempre es llegar al menos a USD 47 millones, ya que los ingresos que superen esta cantidad serán destinados a las víctimas del clan como resarcimiento.
También con los bancos hay trabas
Senabico no tuvo problemas con la posesión de los USD 6 millones que están en cuentas bancarias, pero sí con los CDA, que representan USD 15 millones.
En abril de este año, la institución solicitó al Juzgado de Ejecución Penal N° 4 el apercibimiento a las entidades bancarias y la declaración de desacato, pero no hubo respuesta.
El director jurídico alerta que con esta situación hay riesgos de perder el dinero. Por un lado, se puede presentar un juicio civil de privación de eficacia en que la estructura criminal puede presentarse con prestanombres y recuperar la plata de forma legal, mientras que por otro, los bancos pueden plantear una prescripción liberatoria y quedarse con los USD 15 millones.
Ramón González Daher fue condenado a 15 años de encierro, mientras que su hijo, a 5 años. Ambos están recluidos en el Penal Regional de Coronel Oviedo, Caaguazú, y siguen enfrentando otras causas.
