La objeción del Ejecutivo a la ley que despenalizaba el falseamiento de las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos fue tratado por el Senado en una sesión virtual este jueves.
El tratamiento de la normativa en el orden del día fue propuesto sobre tablas y aceptado por la mayoría del pleno.
La Cámara de Senadores decidió aceptar el veto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien argumentó que el texto queda sin esencia y amputado si es que no va a contemplar una pena para los infractores.
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Ahora el veto del jefe del Ejecutivo pasa en manos de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la normativa ya queda sin efecto, teniendo en cuenta que para rechazar el veto se requiere que ambas cámaras legislativas estén de acuerdo.
El documento que despenaliza la información falsa de bienes fue sancionado por el Congreso. Las modificaciones fueron introducidas en la Cámara de Diputados, por colorados y liberales, mediante una jugada para adelantarse a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Asimismo, la normativa vetada contemplaba que la declaración jurada (DDJJ) solo será proveída mediante una orden judicial.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia votó días después a favor de la publicidad de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, tras una acción presentada por la Contraloría General de la República (CGR).
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Un grupo de diputados realizó una llamativa presentación ante la Corte, con la intención de dilatar e intervenir en la decisión de la Sala Constitucional.
Más allá de esto, el fallo de la máxima instancia judicial fue histórico.
Organizaciones de la sociedad civil celebraron este hecho y advirtieron que la divulgación de las DDJJ de todo empleado público es un hito en la lucha por la transparencia y el a la información pública.
