El presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Beto Ovelar (HC-ANR), informó que este martes va a convocar a una sesión extraordinaria para estudiar el cuestionado proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones.
Se trata del proyecto por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional, que había enviado el Poder Ejecutivo.
“Ya tengo el pedido para hoy”, indicó. “Terminada la sesión”, añadió a la consulta sobre cuándo iba a convocar a la sesión extra.
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La sesión extraordinaria viene por pedido de la bancada de Honor Colorado, cuyos senadores pusieron como único punto el proyecto de ley.
El documento tiene las firmas de Natalicio Chase, Arnaldo Samaniego, Zenaida Delgado, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Carlos Núñez y Juan Carlos Galaverna (hijo), entre otros legisladores cartistas.
El titular del Congreso Nacional explicó que en la reunión del comando político del movimiento Honor Colorado —que se realizó este lunes— “coincidimos en la necesidad de llevar adelante este proyecto de ley”, afirmó.
El titular del Congreso consideró que la urgencia para tratar la propuesta del Ejecutivo es con la intención de “poner orden a una caja de jubilaciones que hoy no tiene ningún tipo de control”, en referencia a los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).
El único senador cartista que se opone al tratamiento “rápido y furioso” es Gustavo Leite.
Al respecto, Ovelar expresó que si el colega de bancada se opone a la decisión tomada en el comando es una decisión que respeta.
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Sobre si tienen los votos necesarios para la aprobación, Ovelar respondió que “solamente en el momento de la votación uno puede decir con certeza la cantidad de votos que se tiene”, atendiendo que en la sesión pasada el pleno se quedó sin cuórum.
Recordó incluso que la semana pasada no se resolvió porque se rompió el cuórum, pese a que figuraba en el orden del día.
Para el senador cartista, no hay ningún apuro por tratarla, ya que esta discusión se tiene desde el 2015.
“No es solo una iniciativa del Poder Ejecutivo. Esta es una conversión que la llevaron adelante hace años los gremios”, subrayó.
“Se busca tener un árbitro”
Asimismo, sostuvo que el proyecto de ley busca “tener un árbitro” y que está “clarísimo que en ninguna parte dice que se van a tocar los fondos jubilatorios”, expresó como garantía al pueblo que se manifestó el miércoles pasado.
Ante el contexto de desconfianza ciudadana por la privatización de los fondos jubilatorios, Ovelar preguntó: “¿Y en quiénes van a confiar entonces?”.
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El principal cuestionamiento que realizan los opositores a la normativa es que se contemple una inmunidad para el presidente de la superintendencia y la posibilidad de que el Estado istre la caja de jubilaciones del IPS.
Otro de los puntos cuestionados es que se posibilita que el IPS preste dinero al Estado y que la previsional adquiera bonos del Tesoro.
No obstante, el senador Basilio Bachi Núñez dijo en la víspera que en su celular tiene un artículo “que dice taxativamente que se prohíbe que el Estado emita bonos y negocie con el IPS, así como gobernaciones departamentales y municipales”, explicó y señaló que la modificación fue redactada por su colega Derlis Maidana.
