Desde el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) sostuvieron que el Estado paraguayo es responsable de la muerte de las niñas, ya que debió protegerlas contra todo tipo de abandono, violencia, abuso, tráfico y explotación, garantizándoles en todo momento su desarrollo armónico e integral y en particular todas las medidas posibles para impedir su participación en hostilidades y su reclutamiento en grupos armados.
“No lo hizo y de la Fuerza de Tarea Conjunta dispararon contra ellas a quemarropa, dándoles muerte, cuando se encontraban presuntamente en un campamento del grupo de criminales autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en la ciudad de Yby Yaú”, expresaron.
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Asimismo, mencionaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre “casos extremos en que agentes del Estado llevarían a cabo ejecuciones extrajudiciales respecto de adolescentes y jóvenes por creerse que pertenecen a grupos criminales, maras y pandillas, o que fueron capturados realizando alguna actividad ilícita”, a la vez de condenar este tipo de acciones.
Entre otras cosas, agregaron que el proceso de investigación estuvo plagado de irregularidades, negaciones y confusiones por parte de los agentes de justicia, desde el primer momento, sin que el Ministerio Público haya podido realizar las diligencias mínimamente necesarias para dilucidar los hechos y las consecuentes actuaciones de las autoridades.
“El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido con claridad la obligación de los estados de investigar con debida diligencia los hechos que pueden constituir violaciones de derechos humanos, más aún cuando se trata de posibles violaciones al derecho a la vida en las que podrían estar involucrados agentes estatales”, aseguraron.
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Por lo que resaltaron la importancia de la adopción de medidas inmediatas para recoger, valorar y preservar las pruebas.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad, especialmente, dado que las falencias de las primeras diligencias de la investigación difícilmente pueden ser subsanadas, y que la pérdida de evidencia deviene en irreparable”, manifestaron.
Finalmente, instaron al Ministerio Público a que realice las diligencias pertinentes para la aclaración de los hechos, como también al Estado paraguayo para que permita una investigación seria, rigurosa e independiente, autorizando la participación del Centro de Antropología Forense de Argentina, de reconocida trayectoria internacional en casos de esta naturaleza
El Gobierno de Argentina también recordó este jueves la muerte en Paraguay de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba y pidió que “se realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas”.
Las niñas murieron durante un supuesto enfrentamiento entre del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
Serpaj es una organización no gubernamental que promueve la defensa de los derechos humanos, la cultura de la paz y la no violencia activa.
