La denuncia fue realizada contra el Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, en carácter de presidente, y los María Fernanda García de Zuñiga y Héctor Luis Capurro, en la causa caratulada Camilo Ernesto Soares y Alfredo Guachiré Medina sobre lesión de confianza, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
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Supuestamente, los magistrados incumplieron el Decreto 3442, por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus, además del Decreto 3456 por el cual se declara el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para el control del cumplimiento de las medidas sanitarias y también la Ley 836/80, Código Sanitario.
“En el marco del referido juicio hemos venido padeciendo situaciones que realmente comprometen seriamente nuestro estado de salud, debido a la tremenda irresponsabilidad de los mencionados magistrados judiciales”, refiere la denuncia.
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Explican que luego de haberse declarado emergencia sanitaria en el país, en dos ocasiones solicitaron al Tribunal de Sentencia la suspensión del juicio oral y público, debido a la gravedad de la situación sanitaria, y que en ambas ocasiones sus pedidos fueron rechazados, “con el único fundamento de que la Corte Suprema de Justicia ha dictado la Acordada 1366/20, que supuestamente no les permite disponer la suspensión”.
Manifiestan, además, que el martes pasado, antes del inicio de la audiencia se percataron de que una actuaria judicial se encontraba con problemas de salud, congestión, tos y problemas de garganta.
Asimismo, mencionan que se puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia que uno de sus abogados ya tiene prohibición de su médico, no solo de asistir a las audiencias, sino está obligado a permanecer en aislamiento absoluto, debido a una delicada afección cardiaca.
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Refieren también que otro de los abogados que los asisten ha estado en o con su hijo, quien regresó hace unos días del Brasil, que si bien está sin síntomas del coronavirus, se encuentra en aislamiento en el domicilio de su padre, lo cual hace que se encuentre en el grupo de riesgo.
En atención a todo lo referido, requirieron la verificación correspondiente del estado de salud de los integrantes del Tribunal de Sentencia, la desinfección correcta de las salas donde se lleva a cabo el proceso y finalmente la suspensión de dicho juicio oral y público hasta que culmine la emergencia sanitaria en el país.
Pedido de la Fiscalía
Tras la denuncia realizada, la fiscala de la Unidad Penal 1, Marta Carolina Romero, solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, que sea informada sobre el estado de salud de los del Tribunal de Sentencia y de la actuaria judicial.
A su vez, solicita que se le remita copia completa del circuito cerrado de la sala del juicio oral llevado a cabo el martes pasado. La copia deberá ser remitida en un plazo de 24 horas.
Además, la representante del Ministerio Público requirió al presidente del Tribunal de Sentencia, Juan Carlos Zárate, sobre las medidas de prevención a ser tomadas por parte del Tribunal en atención a lo dispuesto por los decretos del Poder Ejecutivo 3456 y 3442.
También pide que se le informe si algún miembro del Tribunal o funcionarios se encuentran con signos de alarma, dolencias o síntomas que hagan indicar problemas de salud.
Así también, pide la copia autenticada del acta del juicio oral y público con relación a la última audiencia realizada en el marco de la causa de lesión de confianza.
Ratifican a magistrados
El Tribunal de Apelación en lo Penal rechazó este miércoles la cuarta recusación planteada en la causa y con ello ratificó a los magistrados Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.
El juicio oral ya fue fijado nuevamente para el próximo miércoles, a las 8.30, conforme resolvieron los magistrados de la causa.
La resolución fue firmada por los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Auadre y José Agustín Fernández, quienes rechazaron la recusación del abogado Víctor Mujica, que defiende a ambos procesados.
La Fiscalía sostiene que Guachiré –quien ocupó el cargo de director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría de Emergencia Nacional– y Soares causaron un daño patrimonial de G. 1.224.976.100 por la compra de alimentos durante una emergencia en el gobierno de Fernando Lugo.
