El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible dispuso este martes la suspensión de actividades del vertedero municipal de Yaguarón, en el Departamento de Paraguarí, alegando que operaba sin declaración de impacto ni criterio ambiental.
El viernes pasado la Municipalidad emitió una resolución como medida de urgencia contra la firma Benia SA, que quería instalar una planta de tratamiento de residuos, en el límite de las compañías Curupayty y Ñuatî Guasu de la ciudad.
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En el día de hoy fueron suspendidas definitivamente las obras de la empresa, que ya había iniciado las construcciones en el sitio sin contar con los permisos del Mades y de la Comuna, según denunciaron los pobladores que se movilizaron para expresar su repudio al proyecto.
Según la cartera estatal, el Municipio también está bajo sumario istrativo, luego de que fiscalizadores ambientales constataron “irregularidades” en dos intervenciones.
De acuerdo con el acta de notificación, la fosa utilizada para la disposición de los residuos no cuenta con impermeabilizante, sistema de drenaje de lixiviado, chimeneas para el venteo del gas. Por otro lado, se observan rastros de quema de los residuos sólidos como método de eliminación, y no cuenta con galpón para el segregado.
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Menciona además que los gancheros (recicladores) no cuentan con sus respectivos equipos de protección, que se observó la presencia de niños en el predio, que el establecimiento se encuentra enmalezado y no posee sistema de cortafuego para casos de incendios.
La Municipalidad de Yaguarón ya fue notificada sobre el proceso de sumario abierto en su contra y actualmente las investigaciones del caso continúan por parte del Mades. Por las supuestas irregularidades constatadas, los responsables se enfrentan a multas de hasta 20.000 jornales (más de G. 1.600 millones).
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La exposición de la conducta por estos hechos punibles contra el medioambiente también tiene penas de hasta cinco años de cárcel.
El intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, calificó el lunes a estas fiscalizaciones que se realizaron con base en denuncias como “una persecución política”, por las próximas elecciones municipales del 2020.
