El senador Pedro Santa Cruz remitió este martes un pedido de informe sobre la cantidad de lotes/fincas rurales adjudicadas por el Estado desde 1955 hasta 2019, además de anunciar una mesa de trabajo con la Procuraduría General de la República para acompañar las medidas judiciales que deben ser iniciadas.
En ese sentido, se solicita el nombre y apellido, como también la nacionalidad de los beneficiarios, así como la fecha de adjudicación, en el marco de la entrega de tierras a personas no sujetas de la reforma agraria durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
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Asimismo, se pide el listado de litigios en los ámbitos istrativos y judiciales respectivamente, con relación a la posesión y/o titularidad de las tierras destinadas a la reforma agraria en los últimos cinco años.
La nota está dirigida a la encargada de despacho del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Gali González, quien asumió recientemente tras la destitución de Mario Vega, en el marco de una imputación en una causa por lesión de confianza. Vega había manifestado que detrás de su proceso había una rosca de tráfico de tierras públicas y arrendamientos.
Presión de gremios y asociaciones
Por su parte, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), al igual que Hugo Richer y Sixto Pereira del Frente Guasu, se encuentra en la mira de sectores empresariales como la Unión de Gremios del Paraguay (UGP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), que pidieron la pérdida de investidura de los tres por supuestamente incitar a invadir tierras.
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En el caso particular de Sixto Pereira, recientemente los senadores de Honor Colorado presentaron un pedido de pérdida de investidura por un supuesto tráfico de influencia, tras una denuncia presentada por el abogado Óscar Tuma, donde se escucha al legislador supuestamente “negociar” con la abogada de los propietarios de la agroganadera Arroyo Pozuelo un conflicto de tierras.
El senador Pereira apuntó a una molestia de los sojeros y grupos económicos que realizan invasiones y dio a entender que las repercusiones o pedidos de pérdida de investidura obedecen al hecho de no querer adecuarse a los procedimientos legales.
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En la lista de beneficiados con la reforma agraria se encuentran militares, ex presidentes, empresarios, narcos y políticos ligados a los principales partidos del país, entre ellos el padre del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, Andrés Rodríguez, Eladio Loizaga y Rubén Viveros Cartes, entre otros.
