Después de dos años de choques con un Congreso, reticente a ayudarle a cumplir su promesa electoral estrella, Donald Trump decidió sortear al poder legislativo y emitir esa declaración de emergencia, que permite a los presidentes de EEUU acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis.
“Estamos hablando de una invasión de nuestro país con drogas, con narcotraficantes, con todo tipo de criminales y de pandillas”, lo que supone una “emergencia nacional”, defendió Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Al activar esa medida, Trump pretende reunir casi USD 8.000 millones para erigir unos 376 kilómetros de una barrera fronteriza que estaría formada por postes de acero y no sería, por tanto, un muro de hormigón, según la Casa Blanca.
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“Tenemos la oportunidad de acercarnos a 8.000 millones de dólares, y con eso vamos a construir mucho muro”, prometió Trump.
De esa cantidad, USD 1.375 millones provendrán de la ley presupuestaria aprobada por el Congreso y recién firmada por Trump, que permitirá evitar una nueva parálisis de la istración federal como la que EEUU vivió durante 35 días entre diciembre y enero, debido a los desacuerdos sobre el muro.
La declaración de “emergencia nacional” busca permitir que Trump sume otros USD 6.600 millones a la cantidad aprobada por el Congreso, al desviarlos de partidas presupuestarias ya aprobadas para el Pentágono y el Departamento del Tesoro.
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El mandatario también abre la posibilidad de recurrir a un número indeterminado de reservistas de las Fuerzas Armadas para que colaboren en la “construcción de emergencia” de su muro, según reveló en una carta enviada al Congreso.
Aunque Trump construyó parte de su campaña electoral sobre la promesa de que México pagaría el muro, este viernes no mencionó esa posibilidad y, en cambio, elogió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su “ayuda con las caravanas” de centroamericanos que han atravesado ese país hacia EEUU.
Trump reconoció que su medida desatará seguramente una batalla judicial, porque, según la oposición demócrata, supone una interferencia “ilegal” en la potestad exclusiva del Congreso para determinar los presupuestos.
“Lo que pasará, tristemente, es que nos demandarán. Tristemente, habrá un proceso (judicial), y felizmente, ganaremos”, subrayó.
Todo apunta, según legisladores y expertos, a que ese litigio se alargará durante varios meses, durante los cuales el decreto de Trump permanecería bloqueado y la Casa Blanca no podría utilizar los fondos que ha identificado para construir la barrera fronteriza.
“Acabaremos en el Tribunal Supremo”, pronosticó Trump en tono de resignación, aunque confió en imponerse en esa corte formada por una mayoría conservadora, incluidos dos jueces nominados por él.
Poco después, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, confirmó que planea demandar a Trump debido a su intención de desviar para el muro fondos que las autoridades de su estado usan “para desarrollar operaciones contra el narcotráfico”.
“Nuestro mensaje a la Casa Blanca es simple y claro: California les verá en los tribunales”, advirtió Newsom en un comunicado.
En concreto, el dinero que quiere obtener Trump provendría del presupuesto para la lucha contra el narcotráfico del Pentágono (2.500 millones), de la partida de esa agencia para construcción de instalaciones militares (3.500 millones) y del fondo de confiscaciones por drogas del Tesoro (600 millones).
Los líderes demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y del Senado, Chuck Schumer, tacharon de “ilegal” la medida en un comunicado, y prometieron combatirla “en el Congreso, en los tribunales y en público”, para no permitir “que el presidente haga trizas la Constitución”.
La oposición, que controla la Cámara Baja, planea impulsar una resolución destinada a invalidar la declaración de Trump, pero el mandatario podría vetarla a no ser que los legisladores reúnan una mayoría de más de dos tercios en ambas Cámaras.
