La sentencia fue dictada por cuatro votos contra uno y afecta a Deltan Dallagnol, en su época uno de los más conocidos fiscales de la Lava Jato, que llevó a Lula a la cárcel durante 580 días en unos juicios que luego fueron anulados por problemas de jurisdicción.
El asunto que motivó la indemnización fue la exhibición por parte de Dallagnol de un gráfico hecho en power point en el que el nombre de Lula aparecía en el centro de lo que el fiscal presentó como “jefe” de una “organización criminal”, en una conferencia de prensa celebrada el 13 de setiembre de 2016.
En ese momento, Lula aparecía solo como investigado por sospechas de corrupción y su defensa, desde entonces, denunció esa exhibición como una clara intención de “convertir el trabajo de los fiscales en un espectáculo de persecución política”.
Ese argumento fue aceptado este martes por los del STJ, que por clara mayoría respaldaron la tesis de la defensa.
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Según el magistrado Luis Felipe Salomão, instructor del caso, la “espectacularización de ese episodio no parece compatible con la seriedad que exige una investigación”.
Salomão sostuvo que, en su momento, Dallagnol “usó expresiones” que afectaron “la honra y la imagen” de Lula y “se valió de un gráfico de power point que se componía con varios nombres”, con el del ex presidente en el centro, lo cual “es ajeno a la nomenclatura típica del derecho penal”.
El STJ estableció la indemnización en 75.000 reales (unos USD 15.000).
Los abogados de Lula celebraron el fallo, que interpretaron como “una victoria del Estado de Derecho y un incentivo para que cualquier ciudadano combata el abuso de poder”.
“La indemnización es apenas un símbolo de la reparación histórica debida”, señalaron en una nota.
Por su parte, Dallagnol lamentó en sus redes sociales que “la lucha contra la corrupción se está convirtiendo en cenizas” en Brasil.
“Lula sale impune y nosotros pagamos el precio de la corrupción”, añadió.
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La decisión puede ser apelada por el ex fiscal que, según estableció la Corte Suprema, también cometió otras irregularidades en el proceso contra Lula, pues actuaba en combinación con el entonces juez Sergio Moro, responsable de los juicios de la Lava Jato.
Por esas y otras razones de fallos jurisdiccionales, el Supremo anuló el año pasado las penas contra Lula y ordenó reiniciar los juicios en tribunales de Brasilia, que ya han archivado todos los procesos.
Con la decisión del Supremo, Lula recuperó sus derechos políticos y también la posibilidad de volver a aspirar a la presidencia, algo que se plantea para las próximas elecciones de octubre.
Según las encuestas, Lula es claro favorito, con una intención de voto cercana al 45%, frente al 30% del actual mandatario, Jair Bolsonaro, y el 10% que se le atribuye al ex juez Moro, que dejó la judicatura para entrar de lleno a la política.
