Los enredos que se tejieron alrededor de la causa en la que se investiga la muerte de Rodrigo Quintana sirvieron estos días para contemplar la imagen institucional que actualmente tiene el Ministerio Público. En menos de dos meses se cumplirá un año de la madrugada en que la Policía entró sin una orden de allanamiento al local del PLRA y un agente disparó a quemarropa y mató al joven dirigente liberal.
Desde aquel 1 de abril de 2017 a esta parte, la investigación dio varios giros, pasó por las manos de diversos fiscales y encontró varios obstáculos para llegar a la verdad. El tiempo y la filtración de audios de conversaciones del otrora secretario del ex senador González Daher confirmaron lo que ya era bastante evidente para todos: importantes figuras de este Gobierno activamente buscaron influenciar en los casos abiertos por los sucesos del 31 de marzo y el 1 de abril del año pasado.
Ahora resulta que entre vacaciones, reemplazos temporales, inhibiciones e impugnaciones, hay seis agentes fiscales involucrados en el caso y la investigación fiscal avanza a pasos de tortuga. Más allá de la identificación del policía que apretó el gatillo y mató a Rodrigo Quintana, la pesquisa también está obligada a responder por qué la Policía atropelló e ingresó ilegalmente a la sede de un partido de oposición a este Gobierno.
Entre los fiscales que tuvieron la causa también hay una clara disparidad de criterios: Mientras que una agente sostuvo que el cruce de llamadas que involucran al comandante de la Policía y a varias autoridades públicas –entre ellas el mismo presidente de la República– no es relevante a la causa y “solo es morbo”, a otra fiscala sí le pareció importante el extracto de llamadas para esclarecer el caso.
En medio de estas idas y vueltas, propiciadas desde la misma Fiscalía General, algo queda bien en claro: No hay un liderazgo institucional en la investigación de uno de los crímenes más importantes de los últimos años. En este lío se disputan la titularidad de la causa fiscal que parecen querer favorecer a determinados sectores, fiscales que parecen querer investigar correctamente el caso y otros que no quieren complicarse con semejante problema.
Mientras tanto, la Fiscalía está acéfala, debido a que el fiscal general está de permiso para ser investigado por sus subordinados por enriquecimiento ilícito. Así las cosas, se entiende cómo pesquisas tan importantes –como la del caso Rodrigo Quintana– están paralizadas, no por chicanas, sino por enredos creados por la propia institución.
Si hay una institución en crisis en este país es la Fiscalía, que nunca alcanzó a proyectar una imagen de verdadera independencia y objetividad. Se trata de la entidad, cuyo principal trabajo es luchar contra la impunidad y es clave para el desarrollo del país. Por todo esto, es realmente inverosímil el desinterés que muestra el Ministerio Público en desenmarañar el caso de Rodrigo Quintana.
Sea cual sea el futuro de la Fiscalía General del Estado, la institución necesita un golpe de timón fuerte. A medida que se acumulan los escándalos, las denuncias de mal desempeño y los casos sin resolver, el descreimiento de la gente hacia los fiscales va aumentando y con justos motivos.