El abogado Camilo Filártiga declaró, en o con radio Monumental 1080 AM, que desde el inicio de la campaña electoral del oficialismo ya se podía ver un proceso autoritario en los discursos. Sostuvo que la aprobación de la ley anti-ONG es el resultado de ello.
“Es un proceso autoritario que veníamos avisando ya desde la campaña electoral, siempre hubo señales preocupantes desde el discurso de campaña”, expresó.
Sobre el punto, cuestionó que el actual gobierno vende el país a los ojos del mundo con el tema de inversión, pero desde adentro “amenazan acuerdos y ponen en tela de juicio organizaciones aliadas”.
🔴 Camilo Filártiga manifestó que ya desde el inicio de la campaña electoral del oficialismo, ya se venía viendo un proceso autoritario en los discursos. "Cartes nunca fue un demócrata", afirmó.
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 10, 2024
🗣️ "Miremos la naturaleza política del cartismo, qué es lo que piensan, ya desde la… pic.twitter.com/80OMN8z0bU
“La agenda de un gobierno no siempre condice con lo que se dice en campaña, la realidad política te marca otras cosas y tenés que ajustarte”, reflexionó.
A más de un año del inicio del mandato del presidente Santiago Peña, el especialista consideró que el Ejecutivo no tiene la fuerza política “para imponer el sentido común en la agenda”.
Además, dijo que el Gobierno “está generando situaciones de casi de un histerismo en términos políticos” y advirtió que las legislaciones arbitrarias abren la puerta a que su implementación sea igualmente arbitraria.
Sobre el punto, dijo que es necesario observar y analizar la naturaleza política de lo que representa el cartismo.
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“El liderazgo del cartismo es vertical. Horacio Cartes no es un demócrata, nunca lo fue y si dependiera de él, no gobernaría en democracia”, puntualizó.
El proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) fue aprobado con 31 votos de cartistas, disidentes y aliados.
El ala dura del cartismo logró, sin mayores inconvenientes, la sanción de la cuestionada normativa que ahora pasó al Ejecutivo, donde queda en manos de Peña promulgar o vetar la iniciativa.
