05 jun. 2025

Arévalo analiza retirar su renuncia a Diputados porque “no existe” una investigación en Fiscalía

Orlando Arévalo analiza retirar su pedido de renuncia a la Cámara de Diputados, según confirmó su abogado Guillermo Duarte Cacavelos. Arévalo es uno de los implicados en el esquema de corrupción descubierto tras el peritaje del teléfono celular del legislador fallecido Eulalio Lalo Gomes.

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El diputado Orlando Arévalo analiza retirar su renuncia a la Cámara Baja.

Foto: Rodrigo Villamayor.

El diputado Orlando Arévalo no descarta retirar su renuncia presentada ante la Cámara de Diputados tras ser salpicado en el esquema de corrupción evidenciado con la difusión de los chats obtenidos del teléfono del legislador fallecido Eulalio Lalo Gomes.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, que representa legalmente a Arévalo, señaló que solicitó a la Fiscalía la participación en la investigación, sin embargo, desde el Ministerio Público le comunicaron que no existe una causa abierta contra su cliente.

Ante esa situación, una de las posibilidades que tiene el abogado de Arévalo es impugnar la comunicación de la Fiscalía y solicitar la intervención, o presentar una nota a la Cámara de Diputados solicitando el retiro de renuncia del legislador porque no hay un proceso abierto contra el parlamentario.

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“Si no va a hacer eso (retirar la renuncia), tengo que impugnar (la comunicación de la Fiscalía), porque por todas las publicaciones se ve que sí hay una investigación. El plazo para impugnar vence mañana (viernes)”, manifestó el defensor en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Duarte Cacavelos aseguró que aconsejó a su cliente que renuncie para afrontar el proceso penal, pero al solicitar intervención, le informaron que no había investigación formal.

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“Tras recibir la notificación de la Fiscalía, yo le digo a Arévalo que las cosas cambian: ‘No tengo de qué defenderte según el Ministerio Público’, le dije. O nos mantenemos renunciantes para hacer frente al proceso penal o acatamos lo que dice la Fiscalía y ahí no tiene sentido la renuncia, porque no hay proceso penal que enfrentar”, agregó el abogado.

El representante legal responsabilizó de este hecho al Ministerio Público y al Poder Judicial que se contradicen mutuamente, según su opinión.

“El juez Osmar Legal dice que denunció, la Fiscalía dice que no hubo denuncia contra Arévalo. El juez dice que actuó legítimamente al abrir el teléfono y el fiscal general del Estado dice que se rompió la cadena de custodia. Estamos ante un ataque directo entre dos instituciones”, afirmó.

Equipo de investigación

El pasado 3 de febrero, tras la denuncia del juez Osmar Legal, el Ministerio Público comunicó la apertura de una causa penal y designó un equipo de trabajo conformado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Néstor Coronel, que luego fue reemplazado por Luis Piñánez.

“Los hechos denunciados, que podrían resultar punibles, ameritan la apertura de una causa penal”, decía el comunicado de la Fiscalía.

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En los diálogos revelados entre el diputado Arévalo, que también se desempeñaba como titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y Lalo Gomes, antes de que el segundo sea abatido por la Policía Nacional durante un allanamiento, se detallan diversas operaciones para salvar a fiscales como Katia Uemura, su colega Stella Mary Cano, y la jueza penal Sadi Estela López.

Se evidenció también un sospechoso manejo de cheques por valor de G. 202 millones, que podría ser fruto de las coimas.

Causa sobre millonarios arreglos a su casa

La Fiscalía de Lambaré abrió una causa para investigar una denuncia contra el renunciante diputado Arévalo y su esposa Carolina González, por los supuestos delitos de lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencia, extorsión, soborno agravado y persecución de inocentes.

La pareja fue denunciada por la constructora Rehobot Construcciones, que realizó refacciones en su vivienda de Lambaré por un valor de G. 2.400 millones.

Arévalo y González, por su parte, denunciaron a la constructora por estafa y mala ejecución del proyecto; la causa se encuentra en una unidad fiscal de Luque.

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