A través de un Decreto 366/2025, el gobierno de Javier Milei oficializó el decreto que endurece los requisitos para la obtención de la ciudadanía argentina y las deportaciones de extranjeros.
También establece cambios en la residencia y habilita al cobro de aranceles en los servicios de salud y universidades públicas para aquellos que no son residentes.
La reforma introduce cambios a la Ley de Migraciones 25.871, la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Ciudadanía 346, informó el portal Página 12.
Respecto a los cambios para la atención médica a extranjeros, la reforma establece que los mismos tendrán derecho a la asistencia en casos de emergencia, cualquiera sea su situación migratoria.
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Mientras que todos los otros casos de salud no urgentes, la atención médica se brindará contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio.
Esto se aplica a extranjeros que no vivan de modo permanente en territorio argentino.
Esto no aplica para los extranjeros residentes permanentes, que podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los argentinos.
Estas reformas se enmarcan en la política migratoria del gobierno del presidente Milei, que busca fortalecer el control fronterizo y priorizar los derechos de los ciudadanos argentinos en áreas como la salud y la educación.