La audiencia preliminar de Arnaldo Giuzzio, prevista para la mañana del último jueves, fue suspendida luego de que su defensa haya apelado el rechazo del Juzgado al pedido de suspender la cita con el argumento de que accedió tarde a las pruebas fiscales.
El abogado de Giuzzio, Guillermo Duarte Cacavelos, volvió a pronunciarse al respecto este viernes a través de Monumental 1080 AM.
La defensa cuestionó una vez más la imputación y el actuar de la Fiscalía en el marco de la causa que vincula al ex alto funcionario del Estado con el presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua.
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Duarte Cacavelos aseguró que la causa no se puede tipificar como cohecho pasivo y “menos” agravado, debido a que ―reconociendo los tratos entre su defendido y el sindicado― el único beneficiado fue el Estado.
“El cohecho pasivo agravado se trata de un pacto ilícito entre un funcionario público y una persona por fuera y ese pacto consiste en un dar para recibir y lo que se puede decir de primera mano es que Marcus Vinicius no recibió nada del Estado”, afirmó.
“En segundo lugar, el alquiler de la camioneta no fue para Giuzzio, sino para el Ministerio del Interior. La reparación de dos vehículos son beneficios que recibió el propio Estado para uso del Estado”.
Seguidamente, sostuvo que hasta el 22 de febrero del año pasado el presunto narco “era una persona común y corriente como cualquiera, ya que nadie sospechaba que estaba siendo buscado en el Brasil por hechos ilícitos”.
Apuntó nuevamente a que la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), que fue propiedad del ex presidente de la República Horacio Cartes, también utilizó los servicios de la empresa del presunto narco para acceder a blindados de vehículos. Esto, al recordar que la esposa de Marcus, Jussara Cabral, es accionista de la firma de Cartes.
Dijo que Giuzzio sí puede ser reprochado “porque tuvo la mala suerte o mala idea” de ar con Espindola, sabiendo que tenía interés en convertirse en proveedor del Estado, pero aseguró que finalmente esto no se llegó a concretar.
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También defendió a Arnaldo Giuzzio asegurando que en ningún momento prestó un vehículo blindado del brasileño, sino que afirmó que se trató de un contrato de alquiler. En tanto, alegó que no pudo llegar a pagar, porque justo al día siguiente Espíndola fue detenido en Brasil.
“La propia Fiscalía tiene el o y el cruce de llamadas y el mensaje de que Giuzzio le a en la noche del 14 de febrero de 2022 a Marcus y le pide la factura para pagar, pero el 15 de febrero se hace el procedimiento”, recordó.
Cuestionó el proceder del Ministerio Público en la causa y sostuvo que ya desde abril pasado les “ocultó deliberadamente” los documentos de la carpeta fiscal.
“El actuar del Ministerio Público, que ocultó cuando en abril nos presentamos para pedir copias de la carpeta, nos dicen por presunción fundada, que Giuzzio no estaba siendo investigado en esa causa y luego en agosto hacen un allanamiento a su casa y una imputación en esa misma causa. Muestra que nos ocultaron la carpeta fiscal deliberadamente”, dijo.
Manifestó que durante el allanamiento, los agentes incluso se incautaron de la carpeta de la denuncia que realizó Giuzzio contra Horacio Cartes en el Senado, pese a que el caso no tiene nada que ver con la supuesta coima por la cual es investigado el ex ministro.
¿Cómo lograron suspender la audiencia?
El abogado explicó, por otra parte, que la audiencia se suspendió porque el 16 de agosto pasado el juez había fijado la preliminar, tras lo cual enseguida solicitaron copias de la carpeta fiscal y las evidencias.
En tanto, dijo que el Juzgado les pidió que esperen a que se termine de digitalizar el cuaderno de investigación y que, aunque el trabajo debía realizarse entre 24 a 48 horas, duró más tiempo y recién les entregaron el 29 de agosto, un día hábil antes de la antelación de la audiencia, por lo que se pidió que se renueve el plazo de 5 días para preparar la defensa.
“Esto manda la ley, que tenemos derecho a preparar nuestra defensa, y esto nos rechazó el Juzgado, siendo que estaba la carpeta fiscal ya desde el 16 a disposición, pero tenemos los documentos de que recién nos entregaron el 29 de agosto”, detalló.
Ante todo esto, la defensa planteó el recurso de reposición con apelación en subsidio, por lo que, en caso de rechazo, el fallo debe ser revisado por el Tribunal de Apelación. El caso está a cargo del juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás.
