La persecución policial que terminó con un niño baleado por dos agentes de seguridad pública generó un amplio debate sobre la legalidad de las barreras y los límites en las atribuciones de la Policía Nacional.
El senador liberal Eusebio Ramón Ayala, abogado constitucionalista, fue contundente al decir que la actuación policial en ese caso particular fue totalmente injustificable y excede lo establecido en el protocolo.
Enfatizó en que las barreras policiales sin autorización judicial y acompañamiento del Ministerio Público carecen de legalidad.
Puntualizó que solo pueden ser avaladas en casos específicos, como ser la persecución de un delito, registros de personas y vehículos o cierres en determinadas condiciones.
“Así como están haciendo (las barreras policiales), de manera generalizada, sin motivación del acto y sin explicación, obviamente es inconstitucional”, expresó en o con radio Monumental 1080 AM.
El legislador sostuvo que desde hace un tiempo se da un abuso en ese sentido, que fue acentuándose aún más desde el inicio de los controles por la pandemia del Covid-19.
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Para el senador, la solución más rápida es que el punto sea reformulado en el decreto presidencial emitido para la cuarentena inteligente.
Ello, debido a que encontrar una solución a través de una ley del Congreso o revisión del Código Procesal Penal puede llevar mucho más tiempo.
En la misma línea se manifestó el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, quien refirió al mismo dial que hubo una extralimitación en la función de la Policía.
“Una cosa es el control pero, en el caso puntual de Luque, no pasar por la barrera no implica la afectación de ningún derecho. Esa es una extralimitación de la función de la Policía”, afirmó.
Sobre el punto, recordó que evadir una barrera no constituye ningún delito y que los protocolos se deben aplicar cuando se registra un atropello, que sería lo contrario.
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Por el caso registrado el pasado sábado se encuentran detenidos e imputados los agentes Derlis Sanabria y Juan Amarilla.
Los cargos que pesan en su contra son homicidio doloso en grado de tentativa, omisión de auxilio y lesión corporal en el ejercicio de la función pública, en calidad de autor y coautor.
Por su parte, el niño herido de bala evoluciona favorablemente a las intervenciones.
