Blas Llano presentó la denuncia contra la istración de Nicanor Duarte Frutos en la EBY durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. El legislador graficó la situación como una película llamada El Virrey (Nicanor Duartes Frutos), en la que se trata las repartijas de cargos.
En su presentación aseguró que, desde el año 2018, Nicanor contrató a 343 funcionarios cuyos salarios corresponden a un desembolso de USD 1 millón por mes para la EBY. Asimismo, afirmó que durante la pandemia fueron contratados otros 82 trabajadores.
Según la denuncia del legislador, Duarte Frutos recontrató a Araceli Caballero, esposa del abogado José Rodríguez, implicado en el acta secreta de Itaipú, luego de que esta fuera destituida cunado se generó el escándalo.
Pago de favores a magistrado
El senador liberal Blas Llano denunció además que el titular paraguayo de Yacyretá habría realizado una “devolución de favores” al juez Julián López, contratando a su esposa y recategorizando a su hermano tras un fallo que lo libró de una denuncia por enriquecimiento ilícito.
Relacionado: Juez y fiscales dicen que Nicanor no se enriqueció
“El virrey (Nicanor) fue denunciado por el parlasuriano Nelson Argaña por enriquecimiento ilícito, el juez que trató su caso es Julián López. Duartes Frutos contrató a la esposa del juez que le otorgó el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito. Se trata de Raquelina Soria de López, contratada cinco meses después de la resolución por lo que sería, siempre hablando de ficciones, un pago de favores”, dijo Llano.
Asimismo, el parlamentario expuso que después de la misma resolución, Máximo López, hermano del juez, logró la categoría máxima con un salario de G. 61 millones al mes.
Por otro lado, Blas Llano denunció que los parientes de la esposa de Nicanor, Gloria Penayo Solaeche, cuestan más de G. 3.000 millones anuales a la EBY. “Sobrinos, tíos, primas, chofer leal y hasta ex novia de su hijo ocupan cargos importantes”, sostuvo.
Nicanor es blanco de críticas tras su negativa inicial de permitir que la Contraloría audite los fondos sociales de Yacyretá.
