El juicio oral y público a Camilo Soares volvió a suspenderse este jueves. El ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) presentó una recusación a todo el tribunal de Sentencia, alegando que hay “una sentencia previa”, informó el periodista Raúl Ramírez.
Es la segunda vez que se suspende el juicio, solo esta semana. Días atrás un tribunal de Apelaciones rechazó la recusación planteada por el coprocesado, Alfredo Guachiré, en contra de los del tribunal.
Ahora, la defensa de Soares sostiene que los jueces Héctor Capurro, María Fernanda García de Zúñiga y Juan Carlos Zárate tienen “odio, resentimiento, parcialidad y falta de independencia”.
De igual manera, la defensa de Guachiré volvió a recusar este jueves a Capurro y Zárate.
En esta nueva recusación, el acusado sostiene que un abogado se le acercó a pedir USD 50.000 para Capurro y otros USD 50.000 para Zárate para que declaren la prescripción del caso. No obstante, aclaró que él no tiene manera de probar que los magistrados hayan realmente pedido los sobornos.
La causa deberá ser estudiada otra vez por un tribunal de segunda instancia que decidirá sobre la competencia de los magistrados.
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Por otro lado, los defensores de ambos imputados también señalaron que Guachiré pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que supuestamente enviará un observador al juicio oral.
La recusación planteada por Guachiré días atrás derivó en un sumario istrativo al juez Capurro, ya que el procesado publicó en redes sociales fotografías en las que supuestamente se ve al magistrado durmiendo durante el juicio oral.
Por su parte, tanto la actuaria como los demás jueces del tribunal desmintieron que Capurro duerma durante el juicio. La actuaria afirmó que el magistrado acostumbra cerrar los ojos para una mayor concentración.
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El proceso a Soares y Guachiré comenzó en 2010 pero recién este mes llegó a la etapa de juicio, debido a diversos incidentes y acciones planteadas por la defensa.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que ambos imputados causaron un daño de G. 1.224.976.100 mediante la sobrefacturación en la compra de alimentos en general y coquitos.
