Con los votos de diputados cartistas, algunos oficialistas y liberales llanistas, la Cámara de Diputados rechazó el libelo acusatorio por el cual se deseaba impulsar el juicio político contra Sandra Quiñónez.
Finalmente, con 37 votos a favor del juicio, 32 en contra, cinco ausencias y seis abstenciones, los colorados archivaron el pedido de juicio político. Al no tener dos tercios de los votos a favor del juicio político, se archivó el proyecto.
A pesar de que antes de la sesión los cartistas hablaron sobre la necesidad de debatir sobre el juicio político, tras iniciar la sesión, los colorados plantearon el rápido cierre de debate para proceder a votar por el rechazo.
Los diputados de la multibancada opositora ingresaron a la sesión con la intención de debatir sobre el juicio político, pero tras una reconsideración, se volvió a votar por el cierre de la lista de oradores.
Finalmente, el cartismo consiguió los votos necesarios para que el juicio político contra Sandra Quiñónez sea archivado. De esta manera, el tema no podrá ser analizado durante los próximos 12 meses.
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La semana pasada, en la Cámara de Diputados faltaron pocos votos para el avance del tratamiento del juicio político a la máxima autoridad del Ministerio Público. El tema quedó en suspenso ante el retiro de colorados oficialistas, liberales y de la multibancada.
Este martes, nuevamente, convocaron a una sesión extraordinaria y como único punto del orden del día figura el juicio político contra la titular del Ministerio Público.
La fuga de votos en el oficialismo permitió el blanqueamiento de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
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Desde la multibancada aseguran que los colorados cartistas y de Fuerza Republicana realizaron un pacto de impunidad para salvar a Quiñónez de su inminente destitución.
Entre las causales para el juicio político se mencionó que la Fiscalía actuó de manera negligente en el caso Metrobús y en el proceso que investigó el asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana, ocurrido durante la enmienda de sangre.
También se le acusó a Quiñónez de propiciar la protección al cambista brasileño Darío Messer, y a varios intendentes y gobernadores acusados de hechos de corrupción.
De igual manera, se le atribuyen ineficiencia y negligencia en la gestión istrativo-presupuestaria de la Fiscalía, una impunidad de la corrupción en intendencias y gobernaciones, como también una inacción o negligencia del Ministerio Público.
