Los hombres lanzaron la bomba molotov contra la camioneta del concejal Javier Osorio alrededor de las 21.13 del miércoles y rápidamente se dieron a la fuga. Hasta el momento, no se logró identificarlos.
El hecho sucedió frente a la vivienda del edil ubicada sobre la calle Primero de Mayo casi Primera Junta Municipal del barrio San Carlos de Ñemby, Departamento Central.
“Gracias a Dios solo se registraron daños materiales. Esto es a consecuencia de la lucha ciudadana que en Ñemby se está realizando en contra de la corrupción”, expresó el edil en o con Última Hora.
Desde hace ya varios meses, los pobladores de la ciudad de Ñemby hacen continuas manifestaciones denunciando irregularidades en la gestión del actual intendente, el liberal Lucas Lanzoni y contra su padre, el senador Blas Lanzoni.
Lea más: Escrache a Lucas y Blas Lanzoni con incidentes
“Salimos a la calle pidiendo transparencia, denunciamos al Municipio por hechos de corrupción. El mensaje era para mí, que me quede en la casa y deje de acompañar a los ciudadanos que se manifiestan”, prosiguió el concejal.
En otro momento de la entrevista, reconoció que teme por la integridad y seguridad de su familia. “Responsabilizo al clan Lanzoni. El entorno de ellos vinieron a atentar, son sus seguidores”, agregó.
Por último, cuestionó el trabajo del Ministerio Público por no imputar al jefe comunal y al senador, pese a las denuncias y hechos de corrupción. “Hay que reconocer la inoperancia de la Fiscalía”, expresó.
Tras el ataque, personal policial y de Criminalística acudieron hasta su vivienda para recabar datos y evidencias.
Nota relacionada: En Ñemby piden la intervención a la gestión de Lucas Lanzoni
Los ciudadanos de Ñemby exigen la imputación del intendente luego de que la Contraloría General de la República haya detectado presuntas irregularidades en su gestión.
El ente contralor observó que la cantidad de obras ejecutadas es diferente a las certificadas y pagadas. Según el informe, esto se pudo constatar con una verificación in situ del equipo auditor.
Asimismo, se verificó la falta de aplicación de multas por el retraso en la recepción de las obras, que habría ocasionado un perjuicio de G. 188.665.220.
De la misma manera, se constató que existieron desembolsos de forma irregular y que un ejemplo de ello es un monto de adenda para la obra de reparación de calles, que no cuenta con el aval de en qué se gastó la suma de G. 128 millones, entre otros hechos llamativos como la contratación vía excepción para el mantenimiento y la reparación de calles por un valor de G. 898.295.500.
