La fiscala Angelina Arriola Funes representó al Ministerio Público en el juicio oral, que terminó con la condena al hombre por coacción sexual y violación.
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El hecho ocurrió en 2017 en un establecimiento rural del Departamento de Itapúa.
El hombre se acercó ofreciendo ayuda a la joven tras el fallecimiento de su padre, de quien era amigo. La joven además era novia del hijo del abusador.
El victimario se mostró como una persona buena y bondadosa, logrando así ganar la confianza de la familia de la víctima.
Posteriormente, bajo engaños llevó a su nuera a otra ciudad, diciéndole a la madre de la víctima que la joven debía firmar documentos en una escribanía para gestionar la chapa de una motocicleta y que no se preocupara porque serían acompañados por su esposa.
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Una vez en el lugar, la joven se percató de que no existía ningún documento y el hombre le manifestó que su intención siempre fue estar a solas con ella.
El hombre intentó ingresar a la joven a un motel, pero la víctima se negó a tener relaciones sexuales con el padre de su novio y luego continuaron su trayecto.
La víctima declaró durante el juicio que su suegro le pidió perdón y que no quería perder su confianza, pero que posteriormente le dijo que ingresarían a un establecimiento rural a mirar unos animales vacunos que quería comprar y abusó de ella.
La joven relató que ingresaron a un camino de tierra hasta el piquete donde estaban los animales y que el hombre detuvo la camioneta y tras descender se dirigió a la puerta del acompañante ya con los pantalones abajo. El agresor logró someterla sexualmente con mucha violencia y sin su consentimiento.
En el caso fue determinante la prueba científica del informe médico forense de la inspección física y ginecológica realizada a la víctima y el informe sicológico que concluyó en la existencia del daño sicológico postraumático.
El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Encarnación estuvo integrado por los jueces Enrique González Martín (presidente), Gustavo Arzamendia y Carina Ruiz Díaz ().
El nombre de la víctima y del condenado se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.
