Por medio de un comunicado, la máxima instancia judicial aclara que ningún fallo impide realizar auditoría de la gestión de Sandra McLeod de Zacarías en la Municipalidad de Ciudad del Este, Alto Paraná.
“Es importante dejar en claro que todos los acuerdos y sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que han acogido favorablemente las acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2.248/2003 ‘Qué modifica el Artículo 30 de la Ley 879/81 – Código de Organización Judicial’, no señalan en caso alguno que le esté vedada a la Contraloría General de la República ejercer su función constitucional de auditar a las instituciones públicas”, señala el comunicado de la Corte Suprema.
La Corte Suprema aclara que las funciones del Tribunal de Cuentas no se superponen a las de la Contraloría. “La Contraloría dictamina, el Tribunal de Cuentas juzga”, agrega.
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“La Contraloría General de la República es un órgano istrativo que al culminar su trabajo emite un dictamen de carácter no vinculante, pues no hace cosa juzgada, ya que no tiene poder sancionador”, refiere al respecto.
La Corte concluye que la Contraloría cumple con un rol istrativo y que en el caso de que las rendiciones de cuentas sean rechazadas, los documentos deben ser remitidos al Tribunal de Cuentas para su judicialización.
Este comunicado de la CSJ se da luego de que el contralor general de la República, Enrique García, haya dicho que este organismo no puede auditar la gestión de la Comuna de Ciudad del Este debido a una acción de inconstitucionalidad presentada por el clan Zacarías.
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García detalló que la Contraloría no puede acceder a los documentos para auditar la gestión de McLeod porque estos se encuentran en el Tribunal de Cuentas y este organismo no los quiere entregar al ente contralor, alegando la acción judicial.
La Cámara de Diputados conformó una comisión especial para analizar el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, para lo que se necesitaría el dictamen previo de la Contraloría.
El pedido de intervención fue realizado por la Junta Municipal de Ciudad del Este y por varios grupos ciudadanos.
