Contraloría General de la República
El diputado Mauricio Espínola advirtió sobre la gravedad institucional que implica la solicitud de intervención de dos municipalidades importantes del país. En ese sentido, reafirma la importancia de que el contralor Camilo Benítez acuda a la Cámara Baja para explicar las circunstancias del pedido realizado.
Diferentes diputados opositores emitieron un comunicado este martes cuestionando la “actitud violenta” del diputado Jatar Oso Fernández, luego de una caldeada sesión que terminó levantándose a causa de discusiones del mismo con otros colegas cuando se criticaba al contralor general por el pedido de intervención al Municipio de Ciudad del Este.
Más de cien páginas de conversaciones entre el contralor Camilo Benítez y el ex dirigente político de izquierda, Camilo Soares, dan cuenta de cómo ambos se confabularon contra el ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Los chats fueron expuestos durante el juicio que enfrentó el entonces jefe comunal.
Gobernaciones de Alto Paraguay, Boquerón, Paraguarí y San Pedro están en la mira de la Contraloría debido al mal servicio del programa Hambre Cero. Recomendaron la rescisión de contratos con proveedores.
El director jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, manifestó que “desde el punto de vista jurídico” no hay “causales” para la intervención de la Comuna. Defendió el uso de la cuenta única, figura cuestionada por la Contraloría que sostiene que “no puede ser aplicable a un gobierno municipal”.
Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, arremetió este lunes contra el contralor Camilo Benítez y anunció que su equipo jurídico presentará una denuncia penal por uso de instrumento público de contenido falso.
“El mensaje político está claro: Ninguna istración pública no colorada va a terminar su mandato. Para eso están los sicarios del poder: La Contraloría y la Fiscalía”, destacó Guillermo Ferreiro, abogado de Miguel Prieto, sobre el pedido de intervención de la Comuna de Ciudad del Este.
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, salió al paso del pedido de intervención a su gestión realizado por la Contraloría por supuestas irregularidades. Se mostró confiado en demostrar su inocencia y afirma que no lo harán “retroceder”.
El intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, reaccionó al pedido de intervención de la Municipalidad que solicitó la Contraloría General de la República tras detectar graves irregularidades. “Demuestren que Nenecho es bandido”, desafió.
El contralor Camilo Benítez anunció vía rueda de prensa que envió una nota al Ministerio del Interior para solicitar la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este por “graves irregularidades en gestiones”. Habla de inconsistencias, omisiones en istración de recursos, incumplimiento en procesos de contratación y otros.
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que inicie las auditorías necesarias en caso de que las respuestas remitidas por las gobernaciones a las observaciones hechas por este organismo, en el marco del programa Hambre Cero, sean consideradas insuficientes.
La Contraloría remitió un informe en el que se identificaron errores, tanto en escuelas de Asunción como en departamentos del país, dentro del programa Hambre Cero, que van desde comedores improvisados y en malas condiciones hasta falta utensilios para servir y comer el almuerzo escolar.
El contralor Camilo Benítez, uno de los participantes de la cumbre de poderes realizada a raíz del escándalo de los chats del diputado Eulalio Lalo Gomes, dio detalles sobre lo conversado con las autoridades del Estado. Resaltó algunos de los delineamientos establecidos, especialmente aquellos “que dan tranquilidad” para que sigan sacando a la luz los mensajes.
La Contraloría General de la República (CGR) iniciará este lunes un examen de correspondencia de Orlando Arévalo y de las juezas Ana Aguirre y Carmen Silva, ambas implicadas en el escándalo de los chats del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes.
El presidente de la República, Santiago Peña, tendrá que brindar aclaraciones pertinentes sobre su nueva mansión al final de su mandato con la presentación de su Declaración Jurada de Bienes, según el contralor Camilo Benítez.
El examen de correspondencia a los bienes del diputado Orlando Arévalo, anunciado en el 2023, no se concretó; pero, luego de conocerse fotografías de transferencias bancarias y cheques en un presunto caso de corrupción pública, su declaración jurada ha vuelto a llamar la atención de la Contraloría.
Liliana Escurra fue denunciada ante la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Contraloría General de la República (CGR) por haber percibido supuestamente de forma irregular G. 1.589.935, entre los meses de junio y agosto, al registrar mediante unas maniobras su salida en horario extendido en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
La Cámara de Diputados sancionó la ley que crea el Consejo Nacional Anticorrupción, el cual será encabezado por la Contraloría General de la República (CGR). Camilo Benítez, contralor general, indicó la necesidad de promover una cultura de la prevención de la corrupción en Paraguay.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay, que supone más poderes para la Contraloría General de la República, ya que absorbe la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
El juez José Delmás desestimó una denuncia contra el ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, por supuesta lesión de confianza. La denuncia había sido presentada por la Contraloría en el año 2020.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), más conocida como “comisión garrote”, prosigue las reuniones reservadas con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El tema son los fondos utilizados por las oenegés. Pese a ser de interés público, la ciudadanía no tiene al debate.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, solicitó a la presidencia del Congreso Nacional priorizar el Proyecto de Ley que crea el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción del Poder Ejecutivo. “Ojalá se logre un consenso y se apruebe sin modificaciones”, apeló.
Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción se titula el proyecto de ley que presentaron este lunes el presidente de la república, Santiago Peña, el titular del Congreso, Bachi Núñez, y el de la Corte Suprema, Luis María Benítez.
La Contraloría General de la República (CGR) encontró evidencias sobre el mal manejo de los recursos públicos en la istración del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno. Por citar, emitió cheques a nombre del director de istración y finanzas y el cajero liquidador por un total G. 6.229.430.115.
Estudiantes de la facultad de Derecho UNA presentaron una denuncia en la cual detallan una serie de presuntas irregularidades en la institución, entre ellas, cobro indebido de honorarios, mal desempeño de funciones y anormalidad en un concurso público de oposición.
En una acalorada discusión, los concejales de Ñemby aprobaron solicitar a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría a la comuna e instar al intendente recientemente imputado, Tomás Olmedo, a apartarse del cargo mientras dure la investigación en su contra por lesión de confianza.
Según Armindo Torres, de la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) puede actuar de oficio para verificar supuestas irregularidades en ingresos del ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Mientras que dicho ente afirma que requiere de un pedido especial.
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), señaló que el ex presidente Mario Abdo Benítez debe explicar el destino del dinero producto de las ganancias de dos de sus empresas durante el tiempo que ejerció como mandatario. Afirmó que la Fiscalía tendrá que encargarse de las pesquisas.
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el informe de un examen realizado a la declaración jurada del ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la que se detectaron “incongruencias”. Sostiene que durante su gestión aumentaron notablemente los ingresos de sus empresas dedicadas al rubro de la construcción.
El titular del Ministerio de la Defensa Pública, Javier de Jesús Esquivel, justificó el meteórico ascenso que tuvo en la institución su nuera María Celaida Núñez, que de un salario de G. 3 millones como dactilógrafa, pasó a ganar G. 22 millones como directora. La misma sin embargo tendrá solo funciones de secretaria.
El abogado Víctor Peña Gamba dio detalles del proceso de venta de la casa que fue adquirida por la senadora cartista Lizarella Valiente por G. 860 millones, cuando ella percibía un salario de G. 7.000.000.