La oenegé Tierraviva detalla que dos jóvenes indígenas fueron enviados a prisión por haber intentado hurtar alimentos de dos locales comerciales en Luque.
A pesar de que en ambos casos los alimentos fueron recuperados, las agentes del Ministerio Público, Alicia Fernández Riquelme y Cecilia Inés Núñez Castillo, decidieron imputarlos, además de solicitar la prisión, que fue otorgada por la jueza Jennifer Insfrán.
Asimismo, la organización señala que la magistradra resolvió la prisión preventiva de los jóvenes indígenas argumentando que existe un alto peligro de fuga, ya que ambos no tienen arraigo y además existe una alta expectativa de pena.
“Tanto la actuación del Ministerio Público como de la jueza se dan en contrariedad a lo que señala el artículo 172 del Código Penal paraguayo que establece que en casos donde el valor de lo hurtado sea ínfimo se prescindirá de la persecución penal pública”, expresa Tierraviva, que agrega que esta actuación se da en otros casos en los que existe una particular celeridad y arbitrariedad contra la población más vulnerable.
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Por otro lado, la abogada Natalia Rodríguez, integrante del Área de Casos y Litigios de Tierraviva, analizó los hechos y señaló que se trata de un caso claro y de patente discriminación contra personas indígenas; una muestra más de la deleznable discriminación estructural contra los pueblos indígenas.
Rodríguez explicó que al tratarse de hechos bagatelarios y no existir una denuncia por parte de los propietarios, el Ministerio Público podría prescindir de la persecución penal, además de indicar que la Dirección de Derechos Étnicos de la Fiscalía debió haber tomado intervención en el caso a fin de evitar que los dos jóvenes indígenas terminen en prisión.
“Vemos cómo las instituciones responsables de proteger a los Pueblos Indígenas fallan al no garantizar a derechos básicos como la alimentación y a una vida digna” expresó Rodríguez.
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Asimismo, agregó que la situación en que viven los pueblos indígenas y en particular casos como este dan muestra de la ausencia total de políticas públicas con presupuestos adecuados para garantizar los Derechos Humanos de las personas indígenas que deberían ser objeto de protección especial por parte del Estado.
Migración
Tierraviva señala que la falta de a la tierra, que afecta a cerca del 30% de la comunidad indígena, provoca el desarraigo y la migración de familias indígenas en condiciones de vulnerabilidad a centros urbanos, donde tampoco encuentran una atención mínima, ni a alimentos y servicios básicos.
La oenegé menciona que, según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, existen unas 182 personas indígenas que se encuentran en prisión, la mayor parte sin condena.
