La abogada Esther Roa informó que, en la mañana de este lunes, integrantes de la sociedad civil realizaron una denuncia penal ante la sede central del Ministerio Público contra el presidente, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, por la supuesta comisión de hechos punibles de violación de la cuarentena por coronavirus.
“En ese contexto, y atento a las publicaciones de varios medios periodísticos del país, los ciudadanos Mario Abdo Benítez y Julio Mazzoleni participaron en varios acontecimientos oficiales donde no respetaron las recomendaciones sanitarias referentes a las medidas de bioseguridad, establecidas por ellos mismos para evitar la propagación del virus Covid-19”, señala el comunicado.
Asimismo, la Comisión Escrache Ciudadano resalta que la responsabilidad del acatamiento de la cuarentena del primer mandatario y de su ministro de Salud es superior a la de cualquier ciudadano de este país, pues son ellos quienes deben mostrarse respetuosos de las recomendaciones sanitarias y predicar con el ejemplo.
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Sin embargo, lamentan que “durante los últimos meses hemos sido testigos del incumplimiento de las recomendaciones sanitarias, lo cual indefectiblemente coloca a los denunciados en la misma situación de los más de 3.000 ciudadanos que han sido imputados por la violación de la cuarentena”, sostiene la denuncia.
Roa comentó que en el escrito se presentan los mismos argumentos que aplicaron contra su persona y otras dos más de la agrupación que fueron imputadas por la Fiscalía, que es la aglomeración de personas.
Añadió que se respaldan en pruebas documentales que levantaron los medios de prensa, como fotografías y noticias que comprueban el incumplimiento sanitario.
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“Aquellas personas, sea presidente o sea un ciudadano a pie, que son dos situaciones distintas, porque pesa mucho más la aglomeración de un ciudadano haciendo uso de ese derecho constitucional que es la libertad de pensamiento y que es la libertad de manifestarme o de protestar, es un derecho constitucional, en cambio las visitas presidenciales no tienen ni un respaldo constitucional”, refirió.
Refiere que “la impresión que deja este Gobierno es que nos encerraron, están censurando derechos constitucionales por decreto. Eso es grave, porque tiene un tinte de estar en un país dictatorial, estamos en la antesala de la dictadura”, advirtió.
Insistió en que si es así, como en su caso, en que se aplican tan eficientemente los artículos invocados para denunciar al presidente y al ministro, y considerando que en el país rige un estado de derecho y existe seguridad jurídica, “Abdo y Mazzoleni tendrían que estar imputados en las próximas horas”.
La denuncia por la supuesta comisión de hechos punibles de violación de la cuarentena tiene como base la Ley 715/95, “que sanciona los Delitos Contra el Medioambiente”, y la Ley 836/1989, del Código Sanitario; y el Código Penal, entre otros.
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Hace algunos días, la Fiscalía imputó, además de María Esther Roa, a Cándido Brizuela (Juan Pueblo o Colibrí) y Diego Oliver por presunta violación de la cuarentena sanitaria por el Covid-19. La Fiscalía la responsabiliza de una aglomeración de personas en una protesta contra la corrupción.
