Se trata de un proyecto de ley que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 281, 282 y 283 numerales 1 y 4 de la Constitución Nacional.
El documento fue aprobado este miércoles en la sesión ordinaria mixta de la Cámara de Diputados y ahora pasa a la Cámara de Senadores.
La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), presentó sorpresivamente ante el pleno la propuesta que también fue acompañada por Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
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De este modo, los diputados opositores hacen un contraataque al oficialismo ante su resistencia por auditar los recursos de las binacionales. Los colorados acompañaron el documento.
Asimismo, la normativa tiene como objetivo restar argumentos al Ejecutivo, que llevó a cabo una reglamentación cuestionada para la ley que destina los gastos sociales de las binacionales a Salud durante la emergencia por el Covid-19.
En el argumento de la norma se señala que, si no se controla el uso de los bienes de las binacionales, no se podrá perseguir el hecho punible.
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También se establece un procedimiento en caso de no entrega de documentos en plazo y se agrega que la Contraloría “deberá solicitar la correspondiente intervención judicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de su ley orgánica”.
Incluso, podrá tramitar órdenes de allanamiento de domicilios, locales, depósitos u otros recintos, con auxilio de la fuerza pública con el objetivo de acceder a todos los registros y documentos detallados en la resolución correspondiente y cumplir con su cometido.
Itaipú planteó inconstitucionalidad
La Itaipú Binacional planteó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Contraloría General de la República de auditar el uso de los fondos sociales de las binacionales.
De acuerdo con la entidad, la Contraloría no tiene atribuciones para auditar a las binacionales y explica que con una resolución istrativa se quiere pasar por sobre el Tratado.
La Contraloría remitió hace dos semanas la solicitud de informes pertinente a las entidades, a fin de iniciar la auditoría financiera de los años 2019 y 2020, pero hasta la fecha no recibió ninguna documentación sobre el caso.
