El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, confirmó que la sospecha en la investigación del caso del narcotraficante Sebastián Marset es que su estructura sigue operativa, como parte de una premisa por su condición de prófugo, manifestó en o con Última Hora.
De hecho, la línea del Gobierno de Estados Unidos apunta hacia esta tesis, motivo por el cual colabora con Paraguay en la investigación y ofreció un pago de recompensa por información, de hasta USD 2 millones, por datos conducentes al arresto o condena del uruguayo.
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Rachid indicó que muchas estructuras del caso A ultranza Py, de lavado de activos con vinculación al narcotráfico, a través de empresas, seguirían operando. Esto debido a que son varias personas las que están prófugas, como fue el caso de Federico Ezequiel Santoro Vasallo, mano derecha de Marset, señaló el ministro de la Senad.
Santoro se declaró culpable ante la Justicia de Estados Unidos de conspiración de lavado de dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico, específicamente, de operaciones de Marset.
“Los criminales vinculados al narcotráfico se presumen que siguen operando mientras no estén a disposición de la Justicia”, expresó Rachid.
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La red liderada por Marset opera en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y actualmente se expandió a Venezuela, detalló el ministro.
En cuanto a su esposa, Gianina García, recientemente extraditada al Paraguay, los investigadores manejan que su vinculación sería a través de empresas que fueron montadas para sostener la estructura.
“La esposa tenía vinculación con la estructura, primero por ser esposa, y segundo porque tiene relación directa con las empresas de fachada que usaba Marset”, manifestó Rachid.
Gianina García Troche está imputada por el hecho punible de lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas. Llegó a suelo nacional tras ser extraditada por la Justicia española a pedido de Paraguay.
Su participación fue clave en la estructura por estar dedicada a operaciones de blanqueo de capitales vinculados al crimen organizado.
La imputación fue formulada en el marco del operativo A ultranza Py, considerada una de las investigaciones más importantes contra el narcotráfico y el lavado de activos en la región.
