22 may. 2025

EEUU ofrece recompensa de hasta USD 2 millones por Sebastián Marset

El Gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta USD 2 millones por “información conducente al arresto y/o condena” del supuesto narcotraficante Sebastián Marset.

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El presunto narcotraficante Sebastián Marset está con paradero desconocido.

Foto: Archivo UH.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los EEUU anunció una recompensa bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (Tocrp, por sus siglas en inglés) de hasta USD 2 millones (G. 15.600 millones al cambio) por información que conduzca al arresto o la condena, en cualquier país, del presunto narcotraficante y lavador de dinero uruguayo, Sebastián Marset.

Simultáneamente, el Departamento de Justicia anunció la revelación de una acusación formal que imputa a Marset por cargos de lavado de dinero, derivados del movimiento de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses, informó la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

Marset también es un fugitivo buscado en todo el Cono Sur de América del Sur, con cargos relacionados con el crimen organizado en Paraguay y Bolivia.

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En agosto de 2023, las autoridades bolivianas anunciaron una recompensa separada de USD 100.000 por su captura.

La recompensa se emite tras la Operación A Ultranza

La recompensa bajo el Tocrp se emite tras la mayor y más significativa investigación de crimen organizado en la historia de Paraguay: la Operación A Ultranza, dirigida contra el tráfico de cocaína.

Esta investigación vinculó a una red criminal liderada por Marset, con más de 16 toneladas de cocaína incautadas en Europa, incluyendo una incautación de 11 toneladas en el puerto de Amberes en abril de 2021 y otra incautación de 4,7 toneladas en Paraguay.

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La investigación fue realizada en coordinación con la Unidad Especial de Investigación y la Secretaría Nacional Antidrogas (SIU-Senad) de Paraguay, el Ministerio del Interior de Uruguay, Europol y la Oficina de la DEA en Asunción.

Se garantiza absoluta confidencialidad

Si tiene información, pidieron comunicarse por correo electrónico con la DEA a [email protected]. Si está en Estados Unidos, pueden ar con la oficina local de la DEA en su ciudad.

“Esta recompensa ofrecida hoy ha sido autorizada por el secretario de Estado bajo el Tocrp, el cual apoya los esfuerzos policiales para interrumpir el crimen transnacional a nivel global y llevar a los fugitivos ante la justicia”, agregaron desde el Departamento de Estado.

Todas las identidades se mantienen estrictamente confidenciales. Los funcionarios y empleados gubernamentales no son elegibles para recibir recompensas.

Su esposa fue extraditada a Paraguay

La ciudadana uruguaya Gianina García Troche, imputada por el hecho punible de lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, arribó a suelo nacional tras ser extraditada por la Justicia española a pedido de Paraguay.

La mujer es esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset y habría tenido una participación clave en una estructura dedicada a operaciones de blanqueo de capitales vinculados al crimen organizado.

La imputación fue formulada en el marco del operativo A Ultranza PY, considerada una de las investigaciones más importantes contra el narcotráfico y el lavado de activos en la región.

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Según los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, García Troche habría introducido al sistema financiero paraguayo millonarios montos provenientes del tráfico de drogas, utilizando mecanismos sofisticados de ocultamiento de bienes y fondos.

Durante la investigación, se constató que habilitó cuentas bancarias, tanto en guaraníes como en dólares, presentando documentación falsa para justificar ingresos como empresaria del transporte internacional. A través de estas cuentas, realizó depósitos y transferencias sin sustento económico real, por montos significativos.

Asimismo, constituyó una empresa con un capital social de G. 1.000 millones, que habría operado como fachada comercial para legitimar los ingresos ilícitos.

En paralelo, se documentaron adquisiciones de bienes de lujo, entre vehículos de alta gama y de tiendas de marcas internacionales y viajes frecuentes al exterior, todo presuntamente financiado con fondos obtenidos a través del narcotráfico.

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