Lamentablemente, el Gobierno argentino decidió romper con una larga tradición de solidaridad entre los pueblos, cuando anunció una serie de reformas al régimen migratorio, que incluye severas restricciones para la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros.
La Argentina ha sido, históricamente, el principal destino para la migración de paraguayos y paraguayas, sea por cuestiones de persecución política o migración económica. La migración paraguaya a la Argentina tiene una larga historia y ha sido una constante y no se puede negar que Buenos Aires es la más habitada por paraguayos migrantes. Miles de compatriotas han hallado en el país vecino el hogar lejos del hogar, y muchos de ellos han dejado su huella en la economía, la cultura y el deporte.
Si bien es cierto que, la que tomaron es una decisión soberana, preocupa la inacción de nuestro propio gobierno.
El presidente Santiago Peña, en una actitud de negación sostuvo en un medio oficial que las nuevas disposiciones no afectan en lo más mínimo al Paraguay. Apuntó que es “más que una cuestión migratoria, es una cuestión de índole fiscal” y que las medidas se entienden dentro de la lógica de reducción de gastos que realiza el gobierno de Javier Milei, lo que incluye evaluar el costo que está absorbiendo la Argentina en favor de personas que ingresan al país y no contribuyen fiscalmente, pero que se benefician de los servicios públicos en materia educativa, de salud y seguridad.
Y, en vez de valorar la gran contribución histórica de los migrantes, ha tomado la senda del populismo al asegurar que su gobierno trabaja para generar las condiciones para que los paraguayos que lo deseen puedan retornar al país. “Por eso estamos trabajando en mejorar las oportunidades de trabajo, el sistema de salud y educativo, para generar un atractivo y todo lo que impidió tener una vida digna en Paraguay lo puedan encontrar aquí en su país”.
La doctora Marta Guerreño, residente en la Argentina e integrante de la Red Nacional de Líderes Migrantes, criticó la inacción del Estado paraguayo, afirmando que es el gobierno de los paraguayos el que tiene que hablar con el gobierno de Milei, y debería proponer un convenio especial. Como el que tienen asignados países como Brasil, que cuentan con convenios específicos que facilitan la integración de sus ciudadanos en Argentina.
“No nos ayudan. Nosotros mandamos cada mes plata. Hay miles, miles de personas que viven a costa de las remesas que se envían de todo el mundo. Casi 15% de la población paraguaya es inmigrante. ¿Cómo no va a haber políticas dedicadas a eso? ¿Qué somos? Somos una alcancía, nada más”, cuestionó la compatriota.
Es importante que nuestras autoridades oigan estos reclamos, como el que realizó monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, en su homilía en la Basílica de Caacupé, cuando criticó que las autoridades “solo se preocupan de sus cosas particulares, empresas, y no del pueblo”.
Para el obispo, la migración es una “crítica feroz hacia los gobiernos que no han logrado generar condiciones de vida para que los ciudadanos no tengan que verse obligados a salir del país”, y señaló el cinismo de las autoridades, por un lado, complican la posibilidad de votar desde el exterior a los connacionales y, por el otro, “se ufanan” de que los expatriados envíen remesas familiares que contribuyen altamente con la economía paraguaya.
El gobierno debe dejar de ser indiferente ante la actual situación y debe considerar lo que implica la migración, y las consecuencias para las familias paraguayas que deben sufrir el alejamiento y la distancia.
