La divulgación de los mensajes del celular del diputado fallecido, Eulalio Lalo Gomes, que dejaron en evidencia un esquema de corrupción que involucra a autoridades judiciales, parlamentarias y del Ministerio Público, motivaron la reacción de distintos gremios. Advierten que la situación amenaza el grado de inversión, así como el arribo de nuevos capitales.
La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) expresa su “preocupación e inquietud” tras los últimos acontecimientos, de público conocimiento y señalan “que ponen en evidencia la vulnerabilidad de la Justicia en beneficio de intereses particulares”. Piden que los hechos denunciados sean investigados.
“La corrupción y el tráfico de influencias generan un clima de inseguridad jurídica y socavan la confianza de los ciudadanos y potenciales inversores internacionales, perjudicando a todos los sectores de la sociedad. Esto genera un ambiente de incertidumbre y pone en amenaza los logros que Paraguay obtuvo, especialmente en el ámbito económico, como lo fueron el grado de inversión y la estabilidad macroeconómica a lo largo de los últimos años”, menciona un comunicado.
Por su parte, la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil (CB) expresa su preocupación y repudia “cualquier hecho que comprometa la integridad y el funcionamiento adecuado de las instituciones”. En el mismo sentido, resaltan la necesidad de contar con un Poder Judicial “independiente e imparcial, no hipotecado a los intereses políticos”.
“Situaciones como esta ponen en riesgo no solo el tejido social, sino también nuestra macroeconomía, la conquista del grado de inversión, la imagen del país y desalientan potencialmente la inversión extranjera”, lamentan.
debilidad. Por otro lado, el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) señala que hechos como el que acontece “demuestran de que manera nuestra República se encuentra estancada en un régimen desdibujado y desinstitucionalizado y sometido a poderes fácticos”.
“Nos preocupa este acelerado proceso de degradación institucional que ponen a la democracia paraguaya en una situación de estancamiento peligroso, e incluso, de retroceso hacia categorías no democráticas”, dijo.
Asimismo, solicitan que el Estado garantice la independencia y autonomía judicial.
La impunidad socava los esfuerzos de la economía
La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) critica el manejo político del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), “que ha permitido la impunidad en casos de evidente gravedad”. Piden acabar con la cultura dañina.
“La impunidad no solo es más grave que el propio delito; también socava los esfuerzos por atraer inversión y mejorar nuestra economía. Los productores agropecuarios, al igual que toda la sociedad paraguaya, necesitamos confiar plenamente en un sistema judicial imparcial e independiente”, señalan.
Por otro lado, exigen a las autoridades una investigación exhaustiva y un castigo ejemplar para los involucrados en este caso que afecta a un organismo extrapoder. Solicitan al Gobierno “acciones contundentes”.
“Sin Justicia no hay República”, dice la UGP
La Unión de Gremios de la Producción (UGP) también emitió un comunicado a través del cual se llama a la reflexión sobre la corrupción e impunidad.
En su texto, hace referencia a la existencia de dos países que conviven día a día, con marcadas diferencias entre quienes apuntan hacia la producción y el desarrollo, y quienes se “aprovechan descaradamente” del fruto de esos esfuerzos y negocian con la impunidad.
Asimismo, señalan que existe un país paralelo “que compra títulos, tapiza el camino hacia el saqueo de las arcas públicas blindándose con la politiquería y generando una impunidad”.
Asimismo, el gremio pide fortalecer la institucionalidad. “En el Paraguay del corrupto, la Justicia que debería garantizar la vigencia del Estado de derecho en un sistema democrático está neutralizada e infiltrada sin poder cumplir bien su rol. Sin Justicia no hay República y nuestro Himno es claro: ‘Paraguayos, República o muerte’”, menciona la UGP.
