El informe resalta que la inseguridad judicial obstaculiza el clima de inversión y que la infracción de marcas y la falsificación son moneda corriente, mientras que la corrupción rampante y la impunidad de los funcionarios públicos socavan la confianza en el Estado de derecho.
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En ese sentido, menciona que a lo largo de muchos años, el Gobierno paraguayo ha adoptado varias medidas para mejorar el clima de inversión, entre ellas la aprobación de leyes que abordan el blanqueo de dinero, la competencia, la divulgación de las nóminas del sector público y el a la información.
“Sin embargo, varias empresas estadounidenses siguen teniendo problemas para trabajar con las oficinas gubernamentales para resolver las disputas sobre inversiones, incluida la falta de voluntad del Gobierno para pagar las deudas contraídas”, revela.
Entre tanto, detalla que la legislación paraguaya prevé sanciones penales para la corrupción de funcionarios públicos; sin embargo, “la impunidad impide su aplicación efectiva”.
“Históricamente y en la actualidad, funcionarios de todas las ramas y niveles del gobierno incurren en prácticas de corrupción. Además, la Contraloría General de la República estima que el 90% de las instituciones públicas tienen deficiencias en sus sistemas de supervisión”, cuestiona.
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Asimismo, habla de la inseguridad judicial y la corrupción, que perjudican el clima de inversión en Paraguay.
“A muchos inversores les resulta difícil hacer cumplir los contratos y se sienten frustrados por los largos procedimientos burocráticos, la limitada transparencia y rendición de cuentas y la impunidad. Una tendencia reciente es que las empresas privadas insisten en el arbitraje para la resolución de disputas y pasan por alto por completo el sistema judicial”, explica.
Por otra parte, describe a Paraguay como una economía pequeña pero en crecimiento, que durante la última década promedió un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,8% anual y tiene potencial de seguir creciendo durante la próxima década.
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Los principales impulsores del crecimiento económico en Paraguay son los sectores de la agricultura, la energía, el comercio minorista y la construcción.
El gobierno paraguayo fomenta la inversión extranjera privada, agrega. La ley paraguaya otorga exenciones fiscales a los inversores, permite la repatriación total del capital y las ganancias, apoya las operaciones de maquila (beneficios especiales para los inversores en la fabricación de exportaciones) y garantiza el trato nacional para los inversores extranjeros.
También destaca que Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s mejoraron las calificaciones crediticias de Paraguay en los últimos años.
“En noviembre de 2023, Fitch mantuvo la calificación crediticia de Paraguay en BB+ con una perspectiva estable y aumentó su techo país a BBB-, lo que refleja el historial de Paraguay de políticas macroeconómicas prudentes y consistentes y una sólida liquidez externa. S&P Global Ratings también mejoró la calificación crediticia de Paraguay a BB+ en febrero de 2024”, destaca.
