Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero ya fueron autorizados para extraer datos de los celulares de los jueces de paz que fueron imputados en los casos de la mafia de los pagarés.
El juez Humberto Otazú dispuso la extracción de los elementos guardados en los celulares de los jueces de paz de La Catedral, del Primer Turno, Nathalia Garcete; y del Segundo Turno, Gustavo Villalba, a más de la ex jueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot.
Se designa al perito Jorge Sebastián Riquelme Salinas para la realización de la diligencia. El retiro de los aparatos se hará en el juzgado el próximo 12 de junio.
El magistrado ite la extracción de datos actuales y eliminados del registro de mensajes de texto (entrantes, salientes, guardados, borrados, mensajes de voz intercambiados en las plataformas de comunicación); registro de llamadas (perdidas, entrantes, salientes y marcadas) y correos electrónicos.
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Además, datos actuales y eliminados del archivo de agenda telefónica, de la tarjeta de memoria y sus mensajes de texto, archivo de imágenes y videos guardados.
Finalmente, también otros datos actuales y eliminados de la tarjeta SIM card y chip, todos los datos actuales y eliminados, y toda otra información conducente al esclarecimiento del hecho entre la procesada y los demás encausados.
Otro caso
Con relación a la otra causa, el magistrado Rodrigo Estigarribia autorizó la extracción de los datos respecto a la suspendida jueza de paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, con lo que el 6 de junio el perito Jorge Sebastián Riquelme retirará el aparato para la diligencia.
Se ite la extracción y búsqueda de datos actuales y eliminados de todas las aplicaciones, archivos y registro de mensajes de texto, del registro de llamadas y correos electrónicos.
Igualmente, se autorizan la extracción de datos actuales y eliminados del archivo de agenda telefónica, de la tarjeta de memoria y sus mensaje de texto, imágenes y videos guardados, además de otros relevantes.
Solo se permiten los datos que guarden relación con comunicaciones y conexiones entre la imputada y funcionarios (actuarios, ujieres) o abogados (representantes de las empresas y oficiales de Justicia) imputados u otras personas con sospecha de participación en el hecho, para esclarecer el caso.
Todos están procesados por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, porque supuestamente resolvían la procedencia de acciones contra los deudores con informes falsos de los ujieres y actuarios, según la imputación fiscal.
