La imputación por frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero contra Óscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi fue itida en la mañana de este miércoles por el juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera habían formulado los cargos contra el ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y las otras dos personas en la víspera.
Los hechos punibles que se les atribuyen son frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero.
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El acta de la imputación involucra al ex secretario estatal del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) en una serie de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de los que fueron objetos las empresas de Darío Messer.
La investigación apunta que la firma Chai SA, del cambista brasileño, fue reportada en 2016 por el Banco Continental a la Seprelad con Boidanich al mando, específicamente, al Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos de la DGAF (Dirección General de Análisis Financiero), con Melissa Parodi de encargada.
Presumiblemente, para entonces, Messer y sus empresas ya habrían sido objetos de ROS anteriores: por Sudameris Bank en 2012, Banco Nacional de Fomento (BNF) en 2015, lo que hizo que al año siguiente fuera categorizado como de sujeto de riesgo alto.
Luego se dio inicio al caso Chasa 605530091, que fue la recopilación de información de un analista financiero (Fidel Oviedo) para el estudio de los datos, el cual se remitió en 2017 para su verificación a Parodi, quien remitió el informe preliminar del caso a Raquel Cuevas, directora de la DGAF.
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Posteriormente, Parodi habría remitido al ministro de la Seprelad el memorando DGAF – DAPD 235/2017, en el que se solicitaba un Comité de Evaluación de casos de reportes de operaciones sospechosas para tratar los casos pendientes.
Se indicaba una lista de 14 casos, entre los que supuestamente no figuraba el de Chasa que involucraba a Darío Messer.
La Fiscalía argumenta que durante todo ese tiempo los entonces funcionarios de Seprelad, ahora imputados, estaban en conocimiento de las alertas, incluso de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil sobre Messer, que estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado en el vecino país.
