La imputación contra José Enrique García, ex cabeza de la Contraloría General de la República, por los antecedentes del conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción, fue itida por la jueza Alicia Pedrozo.
García es procesado por producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso. Deberá comparecer ante el Juzgado el próximo 25 de junio para la audiencia de imposición de medidas, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Este caso data del año 2016, cuando ocupaba el cargo de asesor jurídico de la Comuna capitalina. La empresa Ivesur ganó a la Municipalidad una demanda sobre indemnización por daños por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los vehículos que entraban a Asunción.
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La condena estableció el pago de G. 8.000 millones en concepto de indemnización y G. 10.000 millones por intereses generados durante el proceso. Esta sentencia nunca fue apelada por García.
En noviembre del 2016, la directora de la Mesa de Entrada de Apelación y Tribunal de Cuentas, Marta Machuca, dijo que solo se registró una acción promovida por el abogado de la firma, Juan Ernesto Villamayor, por sus honorarios y dejó en claro que la Comuna capitalina no presentó ninguna acción posterior a la condena.
Según los antecedentes, tras el escándalo, estuvo involucrado en un supuesto hecho de producción de documento falso, ya que presentaron una apelación extemporánea, y la firma que aparece al pie del escrito de apelación no correspondería a ningún funcionario judicial.
Otras investigaciones abiertas
Además del caso Ivesur, el ex contralor tiene abiertas otras tres carpetas por supuesta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito, ya en carácter de procurador general.
Por una parte, las investigaciones citan que García había dictaminado a favor de personas que cobraron indebidamente indemnizaciones, violando disposiciones legales y falseando datos.
Este caso fue supuestamente cajoneado por el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
En otro procedimiento fiscal se descubrió que, aparentemente, falló a favor de unas tierras ubicadas en el Departamento de Presidente Hayes, que fueron adquiridas por el Instituto Paraguayo del Indígena, durante la istración de Óscar Ayala.
Las hectáreas fueron vendidas por la firma El Algarrobal, istrada por Roberto Pires Torres, primo del ex senador Jorge Oviedo Matto.
El ex titular de la Contraloría también es indagado por los supuestos hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre el 2012 y 2017.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) reportó, en mayo del 2018, al Ministerio Público, que el titular de la Contraloría no contaba con la justificación del origen de una suma cercana a los G. 3.000 millones.
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Su renuncia
Tras verse acorralado y ante la falta de votos necesarios en el Congreso para seguir en su cargo, Enrique García presentó su renuncia el pasado 24 de abril. Su dimisión se dio en el marco de un juicio político.
