La investigación inició el pasado 7 de febrero tras una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero a la ministra Pettovello por una presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Según la denuncia, la transferencia de 14 mil millones de pesos argentinos hecha al PNUD para la compra de alimentos destinados a comedores comunitarios habría excedido el monto habilitado de compras que pueden realizarse sin la firma del jefe de Gabinete, que en ese entonces era Nicolás Posse.
Además, se investiga el pago de 420 millones de pesos (USD 368.000) en concepto de comisiones al PNUD por prestar servicios de compra.
El fiscal a cargo de la investigación, Franco Picard, solicitó al organismo de la ONU un informe sobre su participación en la operatoria, el detalle de la trazabilidad del dinero y documentación relativa a la ejecución de la compra.
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A la Jefatura de Gabinete, por su parte, se le solicitó la resolución con la cual se instruyó el convenio, información sobre el plan que enmarcó el acuerdo, y las constancias y registros relacionados con la transferencia del dinero.
En paralelo al trato hecho con el PNUD para la compra de alimentos, el ministerio firmó un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para realizar contrataciones de personal, un mecanismo previsto para adquirir los servicios de profesionales para trabajos puntuales, que hoy también se encuentra bajo la mira de la Justicia.
Al menos tres investigaciones (una tramitada en la Oficina Anticorrupción, otra en la Procuraduría de Investigaciones istrativas y otra en la Justicia Federal) buscan esclarecer si bajo ese mecanismo existieron contrataciones fantasmas y malversación de fondos.
Los dos procesos licitatorios con los organismos internacionales fueron cerrados en febrero de 2024, cuando comenzaba a escalar el reclamo de las organizaciones sociales por la interrupción del reparto de mercadería para los comedores comunitarios, por lo que la ministra fue denunciada por el dirigente social Juan Grabois, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep).
El Ministerio reconoció que tenía unos 5 millones de kilos de alimentos próximos a su vencimiento en depósitos del Estado; la Justicia Federal ordenó al Gobierno planificar la distribución de esa mercadería en 72 horas, pero la cartera apeló el fallo e intentó sin éxito llevarlo a la Corte Suprema.
La causa por la transferencia de fondos al PNUD quedó radicada en el Juzgado Federal Número 12, que subroga el juez Ariel Lijo.
Fuente: EFE.
