La primera vez que se escuchó de los Justicieros de la Frontera fue hace más de dos años. Desde entonces, este grupo parapolicial se adjudicó el asesinato de varios supuestos delincuentes de poca monta.
Un mes atrás, un chico en Pedro Juan Caballero fue llevado de su casa por enmascarados que lo acusaban de ser un motochorro. Incluso le mostraron una lista de personas que serían eliminadas por cometer asaltos callejeros en la ciudad.
El adolescente fue liberado –contó después– porque se equivocaron de blanco. Antes de liberarlo, le dijeron que difunda el mensaje: “Los ladrones no serán tolerados en la frontera”. También le aclararon que ellos, los Justicieros, son “bandidos”, pero no asaltantes.
Durante las últimas semanas vimos en la televisión a víctimas que no se resistieron e igual fueron baleadas por sus asaltantes, un joven que terminó con la pierna amputada por el disparo de un delincuente, gente que murió al ser atacada cuando volvía a su casa del trabajo, jóvenes sin futuro –o por lo menos desconectados de cualquier noción que no sea el “ahora mismo"– perseguidos por la Policía y abatidos a tiros.
La violencia y, sobre todo, la sensación de inseguridad se apoderaron de las calles. El primer impulso desde los medios y la clase política fue legislar: hacer más implacable al sistema penal, que sea aún más duro con los reincidentes y sepultar de a poco el concepto de la medida sustitutiva. La reacción es entendible y es la de cualquiera que haya sido víctima: buscar un castigo rápido y fuerte. El hecho de que la mayoría de los asaltantes sean reincidentes bien puede ser consecuencia de una negligencia judicial, pero también refleja otra realidad: la inexistente rehabilitación de los infractores.
El problema, lastimosamente, es más complejo y difícilmente un proceso penal más duro sea la respuesta.
De hecho, este fue el camino por el que, históricamente, nuestra Justicia transitó: Hay más presos ahora que nunca antes y los índices de delincuencia no disminuyeron con la encarcelación masiva.
La solución a la criminalidad no será, entonces, ni simple ni rápida, sino que necesariamente pasará por una política de Estado de largo plazo que hasta ahora ningún gobierno implementó. Una política que no solo busque castigar, sino al mismo tiempo educar, prevenir, reinsertar y tratar el tema también como una cuestión de salud pública.
Por más que los Justicieros de la Frontera o legislaciones más duras sean opciones atrayentes para muchos, a la larga la violencia, ya sea institucional o de grupos parapoliciales, solo engendrará más violencia. La historia ya lo demostró.