07 jun. 2025

Levantan la sesión y dejan sin juicio político al contralor

Una jugada maestra del contralor general de la República, Enrique García, lo libró de una sentencia de destitución en el Senado. Los parlamentarios levantaron la sesión tras recibir la nota de renuncia presentada este miércoles ya al término del juicio político.

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Tras la presentación de la renuncia de Enrique García a la Contraloría, los senadores levantaron la sesión.

Foto: Fernando Calistro.

La Cámara de Senadores, constituida en Tribunal, decidió levantar la sesión extraordinaria que tenía como único punto del día tratar el juicio político del contralor general de la República, Enrique García, luego de que este haya presentado su renuncia minutos antes del cierre del debate.

En medio de la confusión generada entre los mismos senadores, tanto colorados como liberales resolvieron que el pleno no tienen potestad para itir o no la renuncia de Enrique García.

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El senador Enrique Bacchetta, de la bancada Colorado Añetete, propuso levantar la sesión argumentando que al Senado solo le corresponde analizar la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República, no así la del cargo del contralor.

Juan Carlos Galaverna, por su parte, dijo que, personalmente, no buscaba un ensañamiento y que la decisión de García debía ser respetada porque el funcionario ejerció su “derecho al libre albedrío”.

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Sin embargo, durante su descargo, había referido que el contralor “sobrepasó todos los límites” durante su permanencia en el cargo.

“¿Ustedes se imaginan lo que la ciudad podría pensar si absolviésemos de culpa y pena para quien considera que esto es un vyrorei? Ou ñande rógape oñaro ñande rehe ha okuaru ñanderehe (viene a nuestra casa a ladrarnos y a orinar por nosotros)”, expresó.

En medio del extendido debate, que duró cinco horas, los llanistas y efrainistas insistentemente intentaron llamar a un cuarto intermedio para convocar al suplente del senador Paraguayo Cubas, y postergar el juicio político para completar los 30 votos requeridos en el reglamento.

Durante su defensa, presentada el pasado martes, y con tono de soberbia, García calificó las acusaciones como un “bastardeo a la Constitución y basura”. Además, habló de que se lo enjuició para “dar pie a las pretensiones destitutivas de grupos políticos”.

La Comisión Escrache Ciudadano se manifestó frente al Parlmento durante el juicio político a Enrique García, contralor general de la República.<br>

La Comisión Escrache Ciudadano se manifestó frente al Parlmento durante el juicio político a Enrique García, contralor general de la República.

Foto: Rodrigo Villamayor.

La defensa de García, en sus alegatos finales, reiteró que pudo demostrar la inexistencia de hechos punibles o meritorios de un juicio político.

La postura de los jueces

En su rol de juez, el senador Enrique Riera, antes de la votación, pidió la palabra y dijo que si bien la defensa y las acusaciones fueron sólidas como para generar dudas, tiene una opinión final: todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario.

“Tenemos un funcionario que no solo controla las finanzas públicas sino que viene con antecedentes. No es suficiente para la ciudadanía que un fiscal haya desestimado causas”, refirió.

Riera citó varios antecedentes que se vinculan al actual contralor Enrique García. Cuestionó que el mismo haya llevado a cabo denuncias contra el Estado en el pasado y ahora sea el encargado de defender las finanzas.

El senador colorado lamentó que algunos legisladores busquen su propio beneficio en este tipo de causas, incluso en contra de las líneas que se bajan en los movimientos de diferentes partidos.

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Foto: Fernando Calistro.

“Nadie en este recinto cree que el señor García es inocente. Seguimos calculando cuántos votos tiene, si se salva o no. El pueblo se merece respuestas concretas”, aseguró.

El legislador dio a entender que muchos de sus pares defienden a García porque protege a las intendencias llanistas del PLRA o por tener familiares trabajando en la Contraloría. “Todos sabrán que hay algún interés. Tarde o temprano se va a saber”, dijo.

Stephan Rasmussen, senador de Patria Querida (PPQ), recordó que la causa de Ivesur está suspendida y no cerrada. Explicó que la finalidad del juicio político es hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos.

“Creemos que García debe ser destituido por el mal desempeño de sus funciones. En dos años y medio solo 32 denuncias llegaron a la Fiscalía de manos de la Contraloría”, cuestionó.

Rasmussen lamentó que los senadores del tribunal se hayan reunido con allegados al contralor. “Nuestro voto será juzgado por la ciudadanía, ellos están expectantes”, aseguró.

Fernando Silva Facetti, senador llanista, en defensa de Enrique García dijo que se debe hacer cumplir la Constitución Nacional y que no existen causales para la destitución del contralor.

“No hay ningún delito, un perjuicio económico por el cual la Cámara de Diputados inició un juicio político”, aseguró.

Silva Facetti reiteró varios alegatos de la defensa de Enrique García. “Todas las acusaciones fueron contestadas por la defensa. Lo que se debe hacer es decir la verdad, de que no hay causal para separar al contralor. Pido el rechazo del juicio al señor Enrique García”, aseguró.

El senador liberal del bloque efrainista, Enrique Salyn Buzarquis, señaló que la Contraloría representa el encubrimiento y la impunidad.

“Un contralor que bajo siete llaves guarda las declaraciones juradas no puede gozar le la confianza de la ciudadanía. Conozco intendentes que están extorsionados por un equipo de asaltantes que se dedica a recaudar desde la Contraloría. Se compran resoluciones. Si el municipio es chico o grande se habla de otros montos”, denunció Buzarquis.

Victor Ríos, del PLRA, señaló que lo prudente era llamar a un cuarto intermedio para convocar al suplente del senador Paraguayo Cubas y contar con la mayoría requerida. Sin embargo, finalmente la idea no prosperó.

Investigado por caso Ivesur

El contralor general de la República es investigado por mal desempeño en sus funciones, irregularidades en el caso Ivesur, la contratación de una consultoría para elaborar un manual innecesario, la concesión de privilegios a sus allegados, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La Contraloría General de la República es un organismo constitucional de control gubernamental encargado de proteger y fiscalizar el patrimonio público.

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