El año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de setiembre, superó de largo la cifra más alta registrada en los últimos años, los cerca de 977.000 inmigrantes interceptados en el año fiscal 2019, y la cifra es más de tres veces superior que la media de la última década.
The Washington Post tuvo a las cifras antes de ser publicadas oficialmente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que, a la espera de contar el último mes, reporta que de octubre de 2020 a agosto pasado más de 1,5 millones de personas habían sido registradas por las autoridades migratorias estadounidenses.
De esa cifra, y en el mismo periodo, más de 930.000 personas fueron, sin embargo, expulsadas del país casi de manera inmediata gracias a que está en vigor una medida sanitaria denominada Título 42, que permite devolver a México a la gran mayoría de los inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan al país con la incidencia de la covid-19 como argumento.
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El incremento en esa llegada de inmigrantes se inició en mayo de 2020, después del frenazo registrado debido a la pandemia y todavía con el expresidente Donald Trump en el poder.
Pero la cifra se desbocó a partir de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, en enero pasado, lo que provocó una crisis migratoria en la frontera que puso en entredicho la táctica del mandatario demócrata de ofrecer una política migratoria más “humana”.
La masiva llegada de inmigrantes ha puesto en serios aprietos al Gobierno y desató una ola de críticas de los republicanos, que reprochan a los demócratas que se hayan suspendido medidas de Trump que, en su opinión, tenían la inmigración bajo control.
Si en enero la cifra de inmigrantes interceptados fue de unos 78.000, en julio rompió todos los datos históricos de más de dos décadas y se disparó a más 213.000, guarismo que se mantuvo similar en agosto pasado, con 208.000, aunque representó el primer descenso desde mayo de 2020.
Con todo, los defensores de los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo están muy decepcionados con la actuación del Gobierno de Biden por mantener en pie el polémico Título 42, aplicado por Trump en marzo de 2020 en su intento de sellar la frontera con México.
Y también por no hacer, en su opinión, lo suficiente para tumbar de manera definitiva el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), también conocido como “Permanecer en México”, que ha obligado a unos 70.000 solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en EEUU.
Biden cerró el programa apenas llegó al poder, pero un juez ordenó hace dos meses que se restableciera alegando deficiencias de procedimiento.
Y el Gobierno anunció recientemente que volverá a instaurarlo en noviembre, algo que los activistas consideran una “traición” porque, a su parecer, la Casa Blanca tuvo tiempo suficiente para corregir los problemas apuntados por el magistrado e impedir que MPP volviera a aplicarse en una frontera con más inmigrantes desde que hay datos.
