El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, informó a Última Hora que abrieron dos procesos investigativos respecto a las denuncias puntuales que hizo la diputada Celeste Amarilla durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
Una de ellas guarda relación con el caso de la Gobernación de Alto Paraná, donde está adjudicada la empresa Fide SA por un monto de G. 7.900 millones por merienda escolar y que estaría vinculada a la ministra de la Mujer, Celina Lezcano.
“Estaría, digo, porque justamente es el elemento que se está verificando”, señaló, atendiendo que la ministra formaba parte del directorio y se cuenta con una constancia de renuncia, pero que se deben investigar otros elementos más, como si continúa en calidad de accionista o no.
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Sobre el caso, indicó que no es el único elemento a indagar y que hay dos protestas de oferentes que participaron de este proceso de licitación contra la adjudicación.
Respecto a la otra denuncia, sobre la Dirección de Material Bélico (Dimabel) y un supuesto contrato vigente con la empresa Star & Company, cuya propietaria es Cynthia Ariela Huespe Aveiro, esposa de Justo Araújo, titular de la Dimabel, afirmó que también se investigará.
El Comando de las Fuerzas Militares informó el pasado viernes que la Dimabel no cuenta actualmente con ningún contrato vigente ni llamados a licitación con la empresa Star & Company.
El titular de Contrataciones respondió sobre los cuestionamientos del acaparamiento de algunas empresas en la mayoría de los contratos para la provisión de almuerzos y meriendas escolares. Mencionó que los números que expuso la diputada son correctos y que serían unas seis empresas las que en los últimos años obtuvieron la mayoría de las adjudicaciones.
“Creo que el mayor porcentaje ronda el 20% del total del mercado, pero no quiero dar datos imprecisos todavía, aunque los valores que presentó la diputada están totalmente acertados”, manifestó.
En ese sentido, Pablo Seitz adelantó que estarán publicando entre este jueves y viernes un informe sobre todo el comportamiento del mercado en cuanto a la compra de almuerzo y merienda escolar de los últimos años.
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Ante el cuestionamiento de la diputada, quien incluso apuntó a su complicidad en el favorecimiento a un grupo de empresas y pidió su renuncia, el funcionario dijo que tiene todo el derecho de estar disconforme con el trabajo que están haciendo.
“Yo mismo me siento a veces disconforme con el trabajo que hacemos, no solamente en este rubro, sino en otros, así que me imagino que cualquier persona se sentirá disconforme muchas veces con el trabajo que se hace, pero siempre estamos abiertos a críticas y a seguir mejorando el sistema”, expresó.
De igual manera, sostuvo que están haciendo un gran esfuerzo para mejorar el sistema y puntualizó que la alimentación escolar es uno de los rubros más sensibles. Además, alegó que no es un proceso fácil de llevar la verificación del cumplimiento de los contratos.
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Proyecto de ley apunta a corregir errores
Seitz expuso que el proyecto de una nueva ley de Contrataciones Públicas se encuentra analizándose en el Senado y ayudará a corregir varios aspectos, como incluir entre las imposibilidades de presentar ofertas a funcionarios de alto rango, como diputados, senadores presidentes y ministros.
“Esta ley nos permitirá concentrarnos en la compra eficiente, la competencia, parchamos istrativamente muchas falencias de la ley actual y con la reingeniería informática que se está haciendo debería darse una mejora sustancial en el ámbito de contrataciones públicas”, finalizó.
Amarilla presentó durante la sesión de Diputados las millonarias adjudicaciones de tres empresas, una de ellas de la familia Carson Capli, a la cual acusa de intermediaria y la vincula a políticos como el senador Juan Afara, el diputado Walter Harms, el gobernador Juan Schmalko y José Vergara, con un movimiento de USD 83,7 millones en nueve años.
Entre otras empresas, mencionó a la firma Ladero Paraguayo, que tiene a Osvaldo Puyol y a José Aquino, además de Justino Da Silva, que facturó USD 100 millones entre el gobierno de Horacio Cartes y el actual de Mario Abdo Benítez.
La última empresa que expuso la diputada es la de Ventas Cardona, de Miguel Cardona, presidente de Olimpia, que facturó en los últimos nueve años USD 217 millones.
