09 jun. 2025

Ministro de la Corte hace pública su declaración jurada de bienes

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón hizo pública su declaración jurada de bienes, tras ser promulgada la Ley 6355/2019, que blinda las declaraciones juradas de los empleados públicos.

Alberto Martínez Simón

Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte.

Foto: Archivo

El ministro Alberto Martínez Simón, quien forma parte de un grupo de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio a conocer su declaración jurada de bienes, en el marco de la reciente promulgación automática de la Ley 6355/2019, que dispone la presentación de una orden judicial para la publicación de los datos de los funcionarios públicos.

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El doctor en Derecho, quien también se desempeña como docente de la Universidad Nacional de Asunción, declaró un patrimonio neto de G. 1.713.947.060, según informó la periodista de Última Hora Leticia Acosta, quien accedió al documento.

Martínez Simón tiene ahorros por G. 91 millones, inmuebles por G. 1.440.500.000 y vehículos por G. 90 millones, además de muebles por G. 70 millones y otros activos por G. 15 millones aproximadamente. El ministro ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) entregar sus datos a todo aquel que lo solicite.

Al igual que Martínez Simón, la nueva ministra de la CSJ, Carolina Llanes, se mostró a favor de la publicación de la declaración jurada de bienes de los empleados públicos.

La propuesta inicial de la Cámara de Senadores establecía que todos los datos de los funcionarios públicos, incluidos los legisladores, con respecto a sus bienes, sean dados a conocer de manera pública y a través de la Contraloría General de la República en su página web, pero la Cámara de Diputados rechazó totalmente dicho punto.

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Como el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no objetó ningún punto del proyecto, el mismo quedó promulgado automáticamente el pasado 8 de este mes.

El senador Silvio Ovelar también hizo pública su declaración de bienes, mientras que la Contraloría General de la República se vio obligada a publicar los datos del ministro de Hacienda, Benigno López, y del titular del Banco Nacional de Fomento (BNF), Daniel Correa, tras perder un amparo contra la oenegé IDEA.

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