Como casi todos los domingos desde diciembre del año pasado, este 6 de marzo Victoria Bareiro fue a la cárcel de Tacumbú a visitar a su hijo de 18 años, Pedro Javier Lezcano. El fin de semana anterior estuvo enferma y no pudo ir, por lo cual doña Victoria quizás soportó el trayecto hasta la penitenciaría con más ansiedad de la habitual. Al llegar y preguntar por él, los guardiacárceles, sin mayores preámbulos, le respondieron que su hijo murió hace una semana y que podía retirar su cuerpo de la Morgue Judicial.
Las autoridades de la cárcel no pudieron siquiera señalarle a doña Victoria la causa de la muerte. Le dijeron que hicieron lo posible por arse con ella, pero su celular estuvo apagado. Ante la prensa, el director del penal, Luis Barreto, manifestó que probablemente la golpiza que recibió el joven por parte de un grupo de vecinos que lo detuvieron (¡dos meses atrás!) haya tenido algo que ver con su muerte. Doña Victoria también contó que su hijo vomitaba sangre la última vez que lo visitó.
La muerte de Pedro Javier Lezcano desnudó, una vez más, al sistema penitenciario de hoy en Paraguay. Con una población penal de más de 13.000 internos –el récord histórico para el país–, la vida en las cárceles es una constante afrenta a la dignidad.
La única consigna para los miles de presos sigue siendo sobrevivir para ver el día siguiente, y muchos, como Pedro, tienen realmente pocas probabilidades de lograrlo.
El Ministerio de Justicia repite incansablemente que la sobrepoblación penitenciaria y el hacinamiento se originan principalmente en el abuso de la prisión preventiva y la morosidad judicial.
Sin embargo, las condiciones de vida de los presos no pueden estar constantemente en riesgo por estos factores. Las debilidades del Poder Judicial –que sin dudas existen y son producto de la negligencia de funcionarios y una legislación de “mano dura"– no son excusas para que los penales funcionen como simples depósitos de gente que pasó de la vulnerabilidad de las calles a un infierno tras las rejas.
La crueldad de este modelo y la responsabilidad criminal del Estado residen en un factor innegable: de haber tenido recursos económicos, difícilmente aquel joven haya muerto en una celda común.
Entre la miseria de los pasilleros que duermen a la intemperie y los lujos de los presos del sector vip, Tacumbú funciona como un retrato viviente del sistema judicial y penitenciario. En medio de esa nauseabunda realidad, Pedro Javier Lezcano falleció en su celda, con 18 años, preso y sin derechos.