No quiero generalizar y hablar de hurreros, pero, al mismo tiempo, sé que no estaré equivocado si me refiero a los operadores políticos. Aquellos que colaboran con un proyecto político y que, finalmente, terminan apadrinados en alguna institución, con salarios que salen de nuestro bolsillo: El de los contribuyentes.
El ingreso masivo de funcionarios en las instituciones no solo se convierte en una carga más para las arcas del Estado que genera mayor déficit fiscal, sino también, en muchos casos, contribuye para que aumente la informalidad. Como lo es el caso de unos 26.000 funcionarios de las distintas municipalidades.
Un informe publicado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal indica que el 74,4% de los trabajadores municipales están excluidos del sistema previsional; es decir, no están aportando para una futura jubilación.
El documento publicado indica que en el caso de que los 26.026 funcionarios excluidos del sistema se integran a este, se podría contar con al menos diez aportantes por cada jubilado. En la actualidad, hay solo 3,5 activos por cada jubilado. En total, son 8.932 los funcionarios municipales que aportan y 2.534 los jubilados y pensionados.
Los datos dados a conocer por la institución indican que el Municipio de Ciudad del Este es el que más funcionarios tiene por fuera del sistema previsional con una cifra de 1.896, mientras que Encarnación tiene de manera informal 1.511 empleados. Asimismo, siempre según el informe, Asunción cuenta con 1.300 de sus funcionarios por fuera del sistema. Por su parte, en lo que respecta al Departamento Central, la Comuna de San Lorenzo tiene 1.008 funcionarios excluidos, Capiatá 915, Luque 846, Fernando de la Mora 814, Lambaré 548, Villa Elisa 355.
Estos son solo algunos de los números, ya que la lista de municipios que tienen en negro a sus funcionarios es más extensa. Algunos tienen entre 200 y 60 empleados sin aportar al sistema previsional.
La crisis financiera de la citada Caja se ve acrecentada, ya que los aportes que ingresan no alcanzan para abonar los beneficios a los jubilados. En parte, debido a las sucesivas malas istraciones, así como también por la falta de depósitos por parte de las municipalidades, según resalta dicho informe.
Lo más llamativo del caso es que aquellas comunas que tienen mayor cantidad de contribuyentes, y por ende, más funcionarios, son las que más promueven la informalidad de sus trabajadores. En esta misma línea, muchas de estas comunas son las que descuentan sus aportes a los funcionarios, pero no transfieren del dinero, imposibilitando que los jubilados cobren sus beneficios, a pesar de haber –probablemente– dedicado su vida al servicio de una municipalidad.
Con estos datos, uno supone que las autoridades electas que probablemente contrataron a estos funcionarios no tienen intención alguna de que estos tengan un mejor futuro. A los políticos no les interesa la seguridad social porque la seguridad social implica una mejora en la calidad de vida. Si la gente vive bien, se hace más complicado el arreo político por un billete de G. 100.000.
Sería bueno que los contribuyentes interpelemos a nuestros jefes comunales sobre temas como la evasión social de los funcionarios, así como sobre la cantidad de empleados que tienen las comunas y si estos cumplen funciones.
No solo debería preocuparnos que haya miles de funcionarios municipales por fuera del sistema previsional, sino también es importante preguntarnos sobre todas las obras que una comuna podría realizar con el dinero destinado al salario de estos presuntos operadores políticos.
