Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) enviaron una carta al presidente Santiago Peña en la cual se pronunciaron sobre el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, que fue sancionada por el oficialismo y aliados en el Congreso Nacional.
En la misiva, advirtieron que la propuesta “pretende anular el carácter participativo y pluralista de nuestro sistema democrático”, además atenta contra la Constitución Nacional, por lo que piden su veto total.
Recordaron el audio filtrado del senador cartista Gustavo Leite, donde itía que la ley es inconstitucional, la persecución a las oenegés e instaba a ventilar datos para “matar social y políticamente” a los “oenegeros”.
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“Desde las organizaciones de la sociedad civil que le solicitamos la objeción a tal proyecto legislativo, concordamos en que una democracia con cierto grado de consolidación es capaz de reaccionar institucionalmente contra esos embates autoritarios, saliendo fortalecida de esa coyuntura crítica”, sostienen en la carta.
Las organizaciones aclararon, una vez más, que no se han negado al control ni a la transparencia, ya que han cumplido a “cabalidad” el marco jurídico vigente.
“Pero el proceso llevado a cabo en el Congreso Nacional para el estudio y aprobación de dicho proyecto de ley nos demostró que el poder se ejerce arbitrariamente cuando están en juego intereses que pueden socavar nuestra democracia y debilitar, con gran daño, la institucionalidad del Estado”, afirmaron.
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El proyecto de ley se aprobó primero en la Cámara de Diputados, el pasado 1 de octubre, cuando introdujeron las “boludeces que pidió Santi” a último momento. Por 47 votos por la aprobación, remitieron la propuesta al Senado para su estudio.
Finalmente, los senadores sancionaron la versión de Diputados.
Asimismo, las OSFL piden a Peña la conformación de una mesa de trabajo para elaborar una nueva propuesta legislativa que se apegue a los más altos estándares internacionales en materia de transparencia y a las libertades garantizadas en la Constitución Nacional.
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Por último, manifestaron que están dispuestos a combatir la corrupción entre todos los actores.
“La democracia participativa es un factor central del desarrollo económico y del capital social. Y una sociedad fortalecida es indispensable para lograrlo”, subrayaron.
